En Estados Unidos, más de 45 millones de personas cargan con una deuda estudiantil que supera
los 1.7 billones de dólares. Lo que alguna vez fue visto como una inversión segura en el futuro,
hoy es una carga que amenaza con aplastar a generaciones enteras.
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Mientras otros países han adoptado políticas de educación superior gratuita o altamente subsidiada, Estados Unidos parece atrapado en un ciclo de deuda interminable. ¿Es hora de reconsiderar el enfoque y ver la educación superior como un derecho, no como un privilegio?
La raíz del problema se encuentra en el costo astronómico de la educación universitaria, que ha
crecido a un ritmo mucho más rápido que la inflación y los salarios. A medida que las universidades, tanto públicas como privadas, continúan aumentando sus tarifas, los estudiantes se ven obligados a endeudarse más para alcanzar un título que es casi indispensable para acceder a empleos bien remunerados. Pero la deuda no solo afecta a los individuos: su impacto se extiende a toda la economía.
Con millones de jóvenes que retrasan la compra de viviendas, el matrimonio o la crianza de hijos debido a sus deudas, el crecimiento económico del país se ve afectado.
Tanto Kamala Harris como Donald Trump, dos candidatos principales en las elecciones de 2024, han presentado propuestas muy diferentes para abordar la crisis de la educación superior y la deuda estudiantil.
Harris ha defendido la educación accesible, proponiendo la eliminación de las matrículas en colegios comunitarios y universidades públicas para familias que ganan menos de $125,000 anualmente, siguiendo con la propuesta del College for All Act de 2017.
Además, bajo la administración Biden-Harris, se han perdonado $168.5 mil millones en deuda estudiantil, y Harris continúa apoyando el plan SAVE, que reduce los pagos de los prestatarios.
Por otro lado, Trump ha presentado una alternativa con su plan para crear una universidad en línea gratuita, “The American Academy”, enfocada en formación vocacional y libre de lo que él denomina “sesgos políticos”.
A su vez, Trump ha criticado la condonación de deuda a gran escala, argumentando que sería injusta para quienes pagaron sus deudas, aunque durante su presidencia apoyó el alivio de la deuda para veteranos con discapacidades severas.
Así, los votantes se enfrentaron a un claro contraste: accesibilidad y alivio de deuda con Harris, o formación vocacional y menor intervención estatal con Trump.
Los defensores de la educación superior gratuita argumentan que, en un mundo cada vez más competitivo, una fuerza laboral altamente educada es esencial para mantener la posición de Estados Unidos en la economía global.
Sin embargo, sus críticos señalan el alto costo para los contribuyentes y el riesgo de sobrecarga del sistema universitario. Pero, ¿es esto un precio demasiado alto a pagar por el acceso universal a la educación?
La crisis de la deuda estudiantil es un problema que afecta no solo a los individuos, sino a toda la
sociedad. Es el momento de considerar si la educación superior debe ser un derecho fundamental
y buscar soluciones innovadoras que garanticen que nadie tenga que hipotecar su futuro para
recibir una educación.
En una economía cada vez más dependiente de una fuerza laboral educada, es hora de que el país vea la educación superior como un derecho y no como un privilegio.