La guerra contra las drogas, iniciada formalmente por Richard Nixon en la década de 1970, ha sido una de las políticas más duraderas y controvertidas de Estados Unidos (EU). Sin embargo, a pesar de los millones de dólares invertidos y de las innumerables vidas afectadas por esta “guerra”, los resultados han sido desalentadores.
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Inclusive, ha quedado claro que la política de EU respecto al narcotráfico ha estado marcada por la hipocresía, ya que, mientras el país impulsaba una narrativa de mano dura, por debajo de la mesa mantenía relaciones y acuerdos con actores involucrados en el comercio de drogas.
Un ejemplo evidente de esta hipocresía es el escándalo de la Operación Irán-Contra. Para contextualizar un poco, durante la década de 1980, altos funcionarios de la administración de Ronald Reagan estuvieron involucrados en un acuerdo secreto en el que vendían armas a Irán, un país que entonces estaba bajo embargo, y usaban esas ganancias para financiar a los Contras, un grupo paramilitar en Nicaragua que luchaba contra el gobierno sandinista de izquierda.
Lo alarmante es que los Contras estaban involucrados en el tráfico de cocaína hacia EU, y, mientras el gobierno promovía políticas duras contra las drogas, las ganancias de este tráfico ayudaban a
financiar una operación clandestina que servía a los intereses geopolíticos de Washington.
Este doble discurso es emblemático de la política exterior estadounidense en América Latina durante la Guerra Fría. En Bolivia, durante la dictadura de Luis García Meza (1980-1981), el país se convirtió en un importante productor y exportador de cocaína.
A pesar de este hecho, el régimen boliviano recibió apoyo de EU debido a su alineación con los intereses de seguridad del país norteamericano.
Este patrón se repitió en otras regiones de América Latina. Al final, las políticas antidrogas quedaron subordinadas a los intereses estratégicos de la lucha contra el comunismo, mostrando que la guerra contra las drogas no era tan clara como EU la presentaba.
A nivel interno, también se ha evidenciado esta contradicción. La guerra contra las drogas ha llevado al encarcelamiento masivo de personas, afectando desproporcionadamente a las comunidades afroamericanas y latinas.
Mientras tanto, se han registrado casos en los que agencias federales, como la CIA, han sido acusadas de permitir o incluso colaborar con el tráfico de drogas con fines políticos.
Estos acuerdos encubiertos han permitido que el narcotráfico prospere, mientras que las comunidades vulnerables siguen pagando el precio de políticas punitivas que no abordan el problema de fondo.
Finalmente, mientras EU ha invertido recursos significativos en militarizar la lucha contra los cárteles en países como Colombia y México, el flujo de drogas hacia su territorio no ha disminuido de manera significativa.
En cambio, la violencia en América Latina ha aumentado, con miles de muertos y desaparecidos como resultado de la guerra contra las drogas.
¿Es esta estrategia realmente efectiva para reducir el narcotráfico? O quizás ¿Es posible que esta política esté contribuyendo más a perpetuar el problema que a resolverlo?