El 1 junio del este año, por primera vez los ciudadanos en México tuvieron la experiencia de votar para renovar el Poder Judicial, pero fue una decepción, solamente participó el 13% de la población; ese porcentaje es solo de las personas que disfrutan su derecho a la libertad, o sea, toda persona que no esté interna en algún sistema penitenciario, no lo hizo, lo que representa un retroceso.
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No podemos olvidar que en las elecciones electorales a la presidencia se incluyó a privados de libertad sin sentencia, -pues existe la presunción de inocencia- que es el 37.3%, esto representa a 86 mil 948 personas.
En esta famosa y controversial elección del Poder Judicial no fueron incluidos los presos sin sentencia, una violación a la presunción de inocencia, discriminación y exclusión social.
Un ejemplo donde el mismo Poder Judicial ha sido moroso es el caso de Israel Vallarta quien está a pocos meses de cumplir 20 años sin sentencia.
Otros casos sin sentencia son: Brenda Quevedo, con 17 años; Gabriela con 18 años quien fue presentada en “penitencia”; Ana una mujer maya, con 34 años en Mérida publicado por periódico digital Milenio.
Existen tantos casos que no terminaría de nombrarlos, pero no votaron debido a que no fueron incluidos -a parte están los que no participaron por voluntad propia al tener el conocimiento de “quiénes eran los participantes”. A eso se suma, la apatía y la poca credibilidad de nuestro Estado de Derecho.
Recalcar que en México el total de habitantes es de 129.71 millones de habitantes, esto quiere decir que aproximadamente de 86.5 a 87 millones de personas no participaron en la elección del Poder Judicial.
¿Existió omisión de derechos?
Desde mi punto de vista muy personal, sí. Sencillo, los participantes para el Poder Judicial no la tuvieron nada fácil como tampoco nosotros como ciudadanos.
Existieron muchas limitantes a los participantes; los medios de comunicación no podían entrevistarlos; no existió el derecho a la información y a la libertad de decisión.
Mientras que en el caso de César Gutiérrez Priego quien por ser hijo del exmilitar Gutiérrez Rebollo acusado de tener nexos con la delincuencia organizada, sufrió estigmatización y discriminación.
Sobre el abogado César Gutiérrez no hubo limitaciones de comunicación al decirse que participaba en la elección un criminal corrupto, sin duda fue una discriminación maquillada.
Las pocas personas que conocemos que estaban participando en la elección del Poder Judicial y que de verdad valían la pena no tuvieron oportunidad de aparecer en medios de comunicación, se terminó convirtiendo el acto cívico en un en recreo de la primaria -la hora de intercambio de tazos-.
No creo que estas elecciones fueron inventadas un día al despertar y sin tiempo para planearlo, y peor aún teniendo el código de elecciones electorales; pésima organización de la elección de candidatos del Poder Judicial, un experimento nuevo para ejercer el poder con otros mecanismos.