Donald Trump desató los demonios de la persecución y la criminalización de las personas migrantes en el Área Metropolitana de Los Ángeles, California. La desesperación del inquilino de la Casa Blanca por no alcanzar el número de migrantes deportados que prometió en campaña (un millón por año) hizo enloquecer al despachador de la Oficina Oval. En cuestión de horas lo perdimos. Detrás de él se fueron sus principales colaboradores encargados de la “seguridad” del país: la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el responsable de la frontera, Tom Homan; y el director del FBI, Kash Patel.
Las redadas realizadas el fin de semana en Los Ángeles nos mostraron la cara más violenta de la política antimigrante de Trump. Se fue contra migrantes que ya forman parte de la comunidad angelina, muchos con estatus migratorio regular y otras más “sin papeles”, pero con años de trabajar y colaborar con la sociedad californiana. Ese fue el principal motivo que enardeció a la sociedad. Estaban deteniendo y deportando a personas que cotidianamente colaborar en la construcción de la comunidad en Los Ángeles.
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Por otro lado, a las redadas realizadas por los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vestidos con uniformes camuflados y en vehículos blindados, se unieron miembros de la Guardia Nacional, la FBI y la DEA. Tres dependencias que nada tienen que ver con la “atención” al fenómeno migratorio. Inclusive, ya mandaron marines para ser incorporados al operativo contra migrantes. Además de que el gobierno federal ha confirmado que está preparando el despliegue de 20 mil efectivos por todo el país para apoyar las tareas del ICE.
En la locura trumpiana, el presidente ordenó el despliegue de dos mil miembros de la Guardia Nacional luego de que la población, sobre todo, de la ciudad de Paramount, salió a las calles para enfrentar al ICE. Incluso, Trump amenazó con federalizar la Guardia Nacional.
La última vez que se movilizó la Guardia Nacional sin la voluntad de un gobernador fue en marzo de 1965 cuando el presidente Lyndon B. Johnson ignoró al gobernador George Wallace para proteger a los manifestantes por los derechos civiles que se embarcaban desde Selma, Alabama, y obligar a los estados del sur a cumplir las directrices federales sobre derechos civiles.
A las protestas de los ciudadanos, la Casa Blanca las está llamando “insurrección” producto de los movimientos de “izquierda radical” apoyados por el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Además, se han comenzado a viralizar afirmaciones en el sentido que detrás de las movilizaciones se encuentran grupos “desestabilizadores” de Venezuela, Cuba y del partido político Morena. Vaya nivel de ignorancia.
Estamos mirando un cambio cualitativo en la política migratoria de Trump, que comienza a desdibujar el límite entre aplicar la ley y usarla como instrumento de castigo colectivo. Aumenta el discurso que mira al migrante como una amenaza. Se busca disolver el tejido social y el espacio público habitado por los migrantes. Lo que genera una crisis no solo migratoria, sino de derechos humanos.
Las movilizaciones del fin de semana no son otra cosa que la muestra clara del hartazgo de la sociedad por las detenciones injustificadas, las deportaciones sin cuidar el debido proceso, la deportación de migrantes a países distintos a su patria, la separación de familias y las redadas en unidades habitacionales, templos, escuelas y hospitales.
La redada más grande en los últimos 25 años ha dejado 118 personas arrestadas, la mayoría mexicanos, y una cifra no determinada de heridos con granadas aturdidoras, toletes, balas pimienta y balas de goma.
Al paso de los días se dibuja con mayor claridad las facciones racistas y xenófobas del convicto Donald Trump y su gobierno.
El peligro dentro y fuera de Estados Unidos aumenta para todos.
Profesor del Tec de Monterrey
@contodoytriques