Información pública y ciudadanía activa: El derecho a la información pública no es un derecho accesorio ni técnico: es una condición básica para que la ciudadanía pueda decidir mejor
En democracia, decidir no es solo votar. Decidir implica comprender, comparar, evaluar y anticipar consecuencias. Por eso, el derecho a la información pública no es un derecho accesorio ni técnico: es una condición básica para que la ciudadanía pueda decidir mejor, tanto en lo político como en lo cotidiano. Sin información, la democracia se vacía de contenido y se reduce a un ritual.
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En América Latina, el derecho a saber ha avanzado en el papel. Existen leyes de transparencia, plataformas digitales y discursos que exaltan la rendición de cuentas. Sin embargo, la experiencia ciudadana suele ser distinta. La información existe, pero no siempre es accesible, comprensible o útil. Se publica mucho, pero se explica poco. Y cuando la información no se entiende, no empodera; confunde o desalienta.
El problema no es menor. Una ciudadanía que no logra acceder a información clara sobre presupuestos, obras públicas, decisiones administrativas o criterios de autoridad, difícilmente puede evaluar a sus gobernantes o participar de manera informada en los asuntos públicos. La opacidad no siempre se presenta como secreto; a veces se manifiesta como exceso de datos sin contexto, tecnicismos innecesarios o respuestas tardías.
El derecho a la información tiene un propósito democrático preciso: permitir el control social del poder. Cuando ese control falla, las decisiones públicas se toman en circuitos cerrados, y la ciudadanía queda relegada al papel de espectadora. Esto no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que alimenta la desinformación, el rumor y la polarización.
Una ciudadanía activa no nace espontáneamente. Se construye cuando el Estado asume que informar no es solo cumplir con una obligación legal, sino facilitar el entendimiento. Informar bien implica traducir, contextualizar y explicar. Implica reconocer que no todas las personas tienen el mismo acceso ni la misma formación técnica, pero sí el mismo derecho a saber.
La transparencia auténtica no se mide por la cantidad de documentos publicados, sino por la capacidad de las personas para usar esa información en la toma de decisiones: decidir a quién apoyar, qué exigir, qué cuestionar y qué defender. Cuando la información es clara, la ciudadanía puede participar con mayor responsabilidad. Cuando es opaca o inaccesible, la participación se vuelve reactiva o se sustituye por el desencanto.
Este desafío se vuelve aún más relevante en contextos de desconfianza institucional. En sociedades donde la corrupción, la ineficiencia o la discrecionalidad han dejado huella, la información pública funciona como un puente para reconstruir legitimidad. Pero ese puente solo se sostiene si la información llega a tiempo, es verificable y permite comprender el porqué de las decisiones públicas.
Además, el derecho a saber no se limita a grandes temas nacionales. Se ejerce en lo local: en el presupuesto del municipio, en la obra de la colonia, en el servicio de salud, en la escuela pública. Ahí es donde la ciudadanía forma su percepción más directa del Estado. Una democracia se fortalece cuando las personas pueden entender lo que ocurre en su entorno inmediato.
Fortalecer el derecho a la información implica, entonces, una apuesta política y ética: capacitar a autoridades para comunicar mejor; diseñar plataformas accesibles; garantizar respuestas completas y oportunas; y promover una cultura cívica que valore la información como herramienta de participación, no como arma de confrontación.
En tiempos de desinformación y saturación digital, el derecho a saber se vuelve aún más urgente. No para alimentar la indignación permanente, sino para mejorar la calidad de las decisiones colectivas. Porque una ciudadanía informada no solo exige más: exige mejor.
Y en democracia, decidir mejor es una forma de ejercer plenamente la libertad.