En lo que respecta a los ataques contra los migrantes Donald Trump no baja la guarda; sus políticas se miran reforzadas por el apoyo incondicional de los gobernadores republicanos y los empresarios propietarios de las prisiones privadas donde se mantienen a los migrantes detenidos en las redadas.
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Los gobernadores se pelean por ser los funcionarios más antimigrantes frente a los ojos del inquilino de la Casa Blanca y con ello acceder a los miles de millones de dólares destinados a la aplicación de las leyes migratorias sean para construir nuevos centros de detención, sean para contratar personal migratorio,
sea para robustecer al partido Republicano a nivel estatal.
Estamos hablando de una bolsa total de 170 mil millones de dólares, de los cuales 45 mil millones de dólares serán destinados para la detención y reclusión de migrantes.
La administración Trump ya ha anunciado acuerdos para establecer centros de detención en Luisiana, Florida, Indiana, Oklahoma y Nebraska, todos bajo el modelo de Alcatraz de los caimanes.
El gobierno de Luisiana ya ha negociado con la Casa Blanca para renovar y ampliar la prisión de Angola y poder recibir a migrantes detenidos.
En Oklahoma funcionarios del ICE evalúan algunas prisiones privadas y vacías para el mismo objetivo. El mismo gobernador de Florida, Ron DeSantis anunció la apertura de un segundo centro de detención en una prisión clausurada, al que bautizó como “Depósito de Deportación”.
El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, anunció que había acordado con el gobierno federal utilizar
un campo de trabajo penitenciario de mínima seguridad denominado “Cornhusker Clink”, para albergar a migrantes en espera de su deportación.
En Texas, la enorme estructura de tiendas de campaña de paredes blandas en Fort Bliss, Lone Star Lockup, se inauguró el fin de semana pasado gracias a un contrato del Departamento de Defensa.
Esto muestra la creciente dependencia del gobierno de Trump de instalaciones de paredes blandas, prisiones vacías y estructuras que requieren poca construcción para remozarlas y volverlas centros de detención migratorios.
Mientras la Casa Blanca firma convenios con los gobiernos estatales, las compañías dedicadas a construir y mantener las prisiones privadas se frotan las manos y se llenan los bolsillos con los miles de migrantes detenidos y la jugosa ganancia que eso significa.
Las dos principales empresas de reclusión de Estados Unidos, Geo Group y CoreCivic donaron 2.7 millones de dólares a la campaña de Donald Trump.
CoreCivic incluso donó más de 500 mil dólares para la toma de posesión el 20 de enero pasado, y Geo Group hizo lo mismo en 2016. El aumento de las acciones de estas compañías luego del triunfo de Trump es sintomático de los negocios que se veían venir: las acciones de CoreCivic crecieron de 13.63 dólares por acción a 22.13 en una semana; las acciones de GeoGroup se dispararon de 15.13 a 25.05 dólares.
Recordemos que las prisiones privadas albergan 86 por ciento de las 60 mil personas migrantes que se encuentran detenidas, y que una de las primeras acciones de Trump fue poner fin a la prohibición de la era Biden a los proveedores de prisiones privadas.
El negocio de la migración continúa mostrando una realidad inversamente proporcional: a mayor criminalización de los migrantes, mayores son las ganancias de sus perseguidores y celadores.
Para muestra miremos lo que sucede en Baldwin, Míchigan donde la antigua prisión del centro correccional North Lake reabrió sus puertas como centro de migración operado por Geo Group y registra
ingresos anuales por 70 millones de dólares.
A querer o no, la migración es un gran negocio del que no siempre disfrutan los migrantes.
Profesor del Tecnológico de Monterrey
@contodoytriques