El reciente anuncio del gobierno sobre la supuesta “no obligatoriedad” de la CURP biométrica es, en realidad, una estrategia que enmascara una imposición coercitiva, tal y como lo establecen los artículos 91Bis y 91 Sexties de la Ley General de Población, los cuales establecen la verdadera obligatoriedad de la CURP biométrica, una vez más el gobierno federal está mintiendo a la población.
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Aunque formalmente se presenta como opcional, la medida es una trampa, ya que el Estado condicionará los trámites gubernamentales esenciales a la posesión de este documento.
En la práctica, se volverá un requisito indispensable para actividades tan básicas como obtener un pasaporte o una licencia de conducir, dejando a millones de ciudadanos sin una alternativa viable y, por ende, anulando cualquier atisbo de libertad de elección.
Esta maniobra es particularmente grave porque vulnera el derecho a la autodeterminación informativa. Al forzar indirectamente a la población a ceder sus datos biométricos, el gobierno ignora el consentimiento libre e informado, un pilar fundamental en la protección de datos a nivel mundial.
La falta de transparencia sobre los protocolos de seguridad, el uso de la información y los plazos de almacenamiento convierte la “opcionalidad” en una ficción, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión. La ciudadanía se ve obligada a elegir entre la protección de su privacidad y la realización de trámites vitales, una disyuntiva que subraya la naturaleza invasiva de la medida.
El uso de esta táctica también refleja un profundo desdén por la dignidad humana. Al someter a la población a esta forma de chantaje burocrático, se la reduce a un simple conjunto de datos que el Estado puede manipular a su antojo.
Esta “cosificación” atenta contra la integridad de las personas, quienes se ven obligadas a negociar sus derechos más básicos para acceder a servicios públicos.
La presunta “no obligatoriedad” no es más que una falacia legal y ética que disfraza una política de control y vigilancia, estableciendo un precedente peligroso para futuras interacciones entre el Estado y sus ciudadanos.