El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, me lleva a plantear al menos tres reflexiones.
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1.- Bajo cualquier perspectiva y en el marco de cualquier lógica partidista o ideológica, el homicidio del alcalde Manzo Rodríguez es un acto condenable, como lo son las decenas de asesinatos cometidos todos los días a lo largo de nuestro país. Ningún mexicano tiene un mayor peso sobre cualquier otro connacional. Todos los actos de violencia deben de ser condenados e investigados con prontitud y claridad para que los perpetuadores de la violencia paguen a la sociedad sus actos criminales sobre la población.
Además de ello, el alcalde de Uruapan había exigido en repetidas ocasiones la ayuda del gobierno federal a través de la Guardia Nacional y del Ejército para colaborar en su estrategia municipal frente al crimen organizado. Sin olvidar que desde de mayo de este año 14 elementos de la Guardia Nacional habían sido asignados para su protección personal en el segundo círculo de seguridad, pues el primero estaba reservado por órdenes del alcalde a miembros de la policía local por disposición de propio Manzo Rodríguez.
Por ello, se impone contestar la pregunta ¿qué falló o quiénes fallaron en su protección?
2.- Inmediatamente después del asesinato comenzó a montarse una campaña en diversos medios de comunicación y redes sociales en contra del gobierno federal y del estatal, utilizando la legítima rabia e indignación de muchos sectores de la población michoacana que llevan varios lustros sufriendo la violencia delictiva con extorciones, asesinatos o secuestros en su estado.
La campaña puesta en marcha no tiene la intención de aclarar el asesinato del alcalde, por el contrario, busca obtener raja política de la tragedia vivida en Uruapan.
No olvidemos que la violencia y la descomposición de Michoacán no se comenzaron a gestar en este gobierno o en el anterior, por lo menos podemos situarla en 2006 cuando Felipe Calderón inició su guerra contra el narco en ese preciso estado. Lo más peligroso de la campaña montada por la oposición fue el evidente mensaje intervencionista del subsecretario de Estado de Estados Unidos y antiguo embajador de Washington en México, Christopher Landau, quien aprovechó el asesinato del alcalde para lanzar las acostumbradas amenazas maquilladas de ayuda del gobierno de Donald Trump hacia México con la finalidad de intervenir con elementos de seguridad y del Ejército norteamericano en nuestro país con el pretexto del combate a la delincuencia organizada.
3.- Si bien el asesinato de Carlos Manzo debe ser repudiado por la ciudadanía en general, y el gobierno tiene la obligación y responsabilidad de esclarecer el móvil del acto así como localizar a los autores intelectuales del homicidio, la violencia del fin de semana en Uruapan no pude ser elemento suficiente para descalificar la estrategia llevada a cabo por el gobierno de Claudia Sheinbaum contra el crimen organizado, ni tampoco llevarnos a negar que lo realizado hasta el día de hoy por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch ha dado mejores resultados que todas las estrategias puestas en marcha desde 2006 a la fecha.
Bajo ninguna circunstancia, amparados en el asesinato del alcalde de Uruapan, podemos exigir que el gobierno de la 4T regrese a los modelos de lucha contra el crimen organizado que bañaron de sangre el país. Se impone mirar el bosque y no perdernos en el árbol.
@contodoytriques