Han pasado más de tres décadas, pero el recuerdo sigue intacto. Cada 22 de abril, Guadalajara revive uno de los episodios más dolorosos de su historia moderna: las explosiones en el sector Reforma de 1992, una tragedia que no solo dejó destrucción, sino también una deuda de justicia que aún no se salda.
Aquella mañana del miércoles de Pascua parecía transcurrir con normalidad, hasta que a las 10:06 horas, la primera explosión sacudió la calle 20 de noviembre. Lo que siguió fue una cadena de estallidos que, en cuestión de horas, convirtió calles enteras en ruinas. El epicentro fue el barrio de Analco, donde cinco explosiones provenientes del alcantarillado dejaron una estela de muerte y devastación.
La segunda explosión ocurrió apenas cuatro minutos después, en la calle Violeta. Más tarde, a las 11:30 de la mañana, dos estallidos simultáneos sacudieron las calles Río Bravo y Río Nilo. Finalmente, a las 14:20 horas, una última explosión en González Gallo cerró una jornada trágica que duró cuatro horas con catorce minutos.
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Las cifras son contundentes y estremecedoras: 212 personas fallecidas, 69 desaparecidas y más de 1,470 lesionados. Más de ocho kilómetros de calles quedaron destruidos, junto con 1,142 viviendas, 450 comercios y cerca de 100 centros escolares. La tragedia también dejó alrededor de 600 vehículos dañados y una ciudad marcada para siempre.
Pero lo más alarmante es que esta tragedia pudo haberse evitado. Desde días antes, vecinos reportaron un fuerte olor a gasolina. Algunos incluso denunciaron que el combustible salía de los grifos de agua, provocando mareos y vómitos. Vapores inflamables emergían de las alcantarillas, alcanzando hasta dos metros de altura. A pesar de las alertas, no se ordenó la evacuación.
Ese mismo día, horas antes del desastre, el entonces jefe de Bomberos de Guadalajara, Trinidad López Rivas, aseguró públicamente que “no había peligro alguno”. Esa declaración hoy resuena como una de las decisiones más cuestionadas en la historia de la ciudad.
Las investigaciones posteriores apuntaron a una causa clara: la filtración de aproximadamente 600 mil litros de gasolina al sistema de drenaje. La acumulación de vapores inflamables en los ductos provocó una reacción en cadena que terminó en explosiones.
Sin embargo, la narrativa oficial intentó desviar la atención. Petróleos Mexicanos (PEMEX) señaló inicialmente a una fábrica aceitera como responsable, teoría respaldada ese mismo día por Luis Donaldo Colosio. No obstante, pruebas posteriores descartaron esa versión y confirmaron que la sustancia explosiva era gasolina.
Las sospechas se centraron entonces en una fuga en el poliducto Salamanca-Guadalajara, operado por Petróleos Mexicanos. También se consideró que las obras de la Línea 2 del Tren Ligero pudieron haber interferido con la infraestructura subterránea, agravando la situación.
A pesar de las investigaciones y señalamientos, nueve funcionarios —incluido el entonces alcalde Enrique Dau Flores— fueron acusados, pero finalmente todos quedaron libres. La impunidad terminó por convertirse en otro capítulo doloroso de esta historia.
El entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari acudió a Guadalajara tras la tragedia, en medio de la presión social y mediática. Sin embargo, para las víctimas, su presencia no significó justicia.
Hoy, organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco continúan señalando que no se ha cumplido con una reparación integral del daño, conforme a estándares internacionales de derechos humanos.
Las explosiones del 22 de abril no solo destruyeron calles y hogares. También fracturaron la confianza en las instituciones. Guadalajara no olvida, porque sus cicatrices siguen visibles, tanto en el pavimento como en la memoria colectiva.
Cada año, las víctimas y sus familias levantan la voz. No solo para recordar, sino para exigir lo que aún falta: verdad, justicia y reparación. Porque hay tragedias que no terminan cuando se apaga el fuego… sino cuando se hace justicia.