Las generaciones viejas que aún tenemos la oportunidad de estar vivos, recordamos la diferencia entre policías y tránsitos (así llamados en su momento).
Coloquialmente hablando, conocidos popularmente como azules o tamarindos respectivamente (debido a que en una época vestían los agentes de tránsito de color café).
Por décadas en el siglo pasado es que había una línea marcada en que los ciudadanos distinguíamos perfectamente a un policía de un tránsito.
El policía era para cuidar a los ciudadanos, para intervenir en acciones de inseguridad, para prevenir la comisión de delitos.
Por otro lado, teníamos en nuestra sociedad a los tránsitos, conocidos también como agentes viales.
Sabíamos que su función era agilizar el trafico en nuestras calles, e infraccionar a quienes sorprendían en flagrancia cometiendo faltas administrativas de tránsito.
Desde pasarse un alto, una vuelta prohibida, circular en sentido contrario, hasta la infracción por una luz fundida de la unidad, la falta de la placa, procesar a conductores en estado de ebriedad y un largo etcétera.
Todos sabemos que el problema más importante en México es la “inseguridad”.
A finales del siglo pasado y principios del presente, hubo fuertes presiones sociales en virtud de que la impunidad, la corrupción y la falta de aplicar la justicia en nuestro país, derivó en marchas multitudinarias en todo México.
Se exigía un cambio en el sistema de justicia. Y así sucedió: fue en el año de 2008 cuando se generó un cambio drástico en el sistema de administración y procuración de justicia. Se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A raíz de esto es que se determinó que los agentes de tránsito se llamarían “policías viales”, y se les dotó de arma de fuego. Pues como primeros respondientes, estarían a cargo de los Agentes del Ministerio Público.
Sin embargo, se avanza (aparentemente) en el sistema de justicia penal, pero se retrocede drásticamente en su función principal, que es la de mantener nuestras avenidas y calles ágiles en cuanto a trafico se refiere.
Por lo anterior, hubo propuestas para que las policías municipales, hicieran las funciones de “agentes viales”, lo cual en mi opinión, es algo así como destapar un pozo para tapar otro.
De suceder esto, seguiría sin funcionar adecuadamente la movilidad en Jalisco, y los policías descuidarían sus funciones de cuidar a la ciudadanía, por estar “vigilando” a posibles infractores.
Esto podría disparar la corrupción en las policías municipales.
Sería importante evaluar si es conveniente siga operando como lo está haciendo la Policía Vial, que depende de la Coordinación de Seguridad. O es necesario que regrese a la Secretaría de Transporte, que en mi opinión sería lo conducente.
Los efectos serían la posible despistolización de los “policías viales”.
Regresar su nombre de origen de agentes viales y no sean llamados policías. Y se enfoquen a resolver los problemas de tráfico en nuestro estado.
Si bien es cierto, el artículo 21 constitucional enumera las funciones que tienen las policías en el contexto vigente del sistema de justicia penal.
Pareciera ser que nuestras autoridades le han apostado al tema de movilidad a la instalación cámaras de fotoinfracciones (que resultan generadoras de una gran bolsa económica para las arcas de gobierno), bolardos (que resultan ser una “plaga”, en cientos de esquinas y calles de nuestros municipios, que en algunos casos son verdaderos estorbos para los peatones, pero si resulta evidente que se trata de un gran negocio).
Aunado a lo anterior, tenemos el problema de como se estrangulan nuestras avenidas y calles con un sinnúmero de ciclopistas.
En un estado que tiene más de 4 millones de vehículos y se incorporan al día 27 unidades cada hora.
Esto es lo que ha traído como consecuencia una ciudad caótica, estresante, en la que se aprecian peleas, discusiones entre automovilistas. O entre automovilistas y motociclistas, sin exceptuar roses o peleas con peatones.