Una característica histórica que tienen los mandatarios latinoamericanos sin importar el tiempo y la geografía de la que hablemos, es su capacidad de sorprendernos con barbaridades cada vez mayores.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega acaba de mostrarnos el desvarío en el que vive. Y por lo visto, está dispuesto a llevarlo hasta sus últimas consecuencias.
Esta semana el gobierno nicaragüense encabezado por Ortega y su esposa Rosario Murillo, retiró la nacionalidad a 94 personas, entre ellas escritores, periodistas, diplomáticos, activistas sociales y líderes políticos. La medida fue como represalia por las críticas contra su gobierno y el activismo que realizan. Así, de un plumazo, el Tribunal de Apelaciones de Managua los condenó por el delito de traición a la patria. La sentencia implica la incautación de todos sus bienes inmuebles y sociedades a su nombre que pasarán a propiedad del Estado, los inhabilitó para acceder cargos públicos y les suprimió todos sus derechos ciudadanos.
En la misma línea, fueron liberados y desterrados a Estados Unidos 222 presos políticos quienes fueron declarados “apátridas”. Este proceso fue exprés. Se liberaron los opositores, se estableció un acuerdo con Washington para que los recibiera, les quitaron su nacionalidad y los desterraron. Desde luego, no fue una deportación, como eufemísticamente dicen des Managua.
Lo que vive el pueblo de Nicaragua es una falta de estado de derecho y una constante violación a sus derechos humanos. Una situación que cada día se recrudece más por las disposiciones gubernamentales expedidas por Daniel Ortega. Desde la crisis política de 2018, la familia en el poder no ha encontrado otra vía para enfrentar las protestas de los ciudadanos que no sea la represión, la persecución política y la manipulación electoral, como quedó de manifiesto en las elecciones de finales de 2021 cuando Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo.Como sucede en algunos países latinoamericanos, desde los golpes de Estado hasta la persecución de disidentes, los gobiernos en turno o los arribistas al poder buscan maquillar los procesos antidemocráticos que violentan la institucionalidad del Estado y la democracia de las naciones mediante andamios legalistas que lo único que hacen es otorgarles el marco “legal” para realizar las persecuciones políticas. En Nicaragua no es la excepción, la Asamblea Nacional reformó la Constitución para poder legalizar el despojo de la nacionalidad de los excarcelados, y poderlos considerar “traidores de la patria”, también aprobó la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense.
Si lo que buscaban Daniel Ortega y su camarilla era callar las protestas, quitarles la voz y el rostro a los opositores, lo único que consiguieron fue exactamente lo contrario: darle fuerza a sus nombres, a su nacionalidad y a sus derechos.
Profesor del Tec
@contodoytriques