Esta semana se dio a conocer el informe titulado Cruel by Design: Voices of Resistance from Immigration Detention, elaborado por el Immigrant Defense Project y el Centro de Derechos Constitucionales, que denuncia “la crueldad del sistema de migración” de Estados Unidos, materializado en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en toda la Unión Americana.
En el documento quedan de manifiesto las prácticas más bajas y violentas de sometimiento y reclusión que sufren las personas migrantes que son recluidas en los centros de detención del ICE.
El catálogo de la ignominia pues, da cuenta de las condiciones que sufren los migrantes detenidos y de las prácticas violentas a las que son sometidos mientras se encuentran encarcelados.
Las denuncias que dieron cuerpo a la investigación fueron obtenidas de las declaraciones de migrantes presentadas en procedimientos judiciales para impugnar su detención durante 2020 y 2021, así como por entrevistas realizadas para la investigación.
En todas ellas quedan de manifiesto los abusos y violación de derechos humanos, a saber: separación de familias, abuso sexual de menores de edad, histerectomías innecesarias, uso de la fuerza y espray pimienta, insultos racistas, uso arbitrario y punitivo del confinamiento en solitario, encierro en celdas extremadamente frías, sin camas ni ropa para protegerse del clima, detención prolongada, traslados entre ciudades sin avisar a familiares y abogados, y negligencia médica.
El trabajo hace hincapié en las difíciles e inhumanas condiciones que vivieron los migrantes en medio de la pandemia de Covid19. Asimismo, se asegura que desde el 2003 más de 200 personas han muerto bajo custodia del ICE (La Opinión, 10 de febrero de 2021).
El sistema de migración y control fronterizo de EU no es un sistema de seguridad pública, por el contrario, es de castigo para causar daño y exclusión, y de esa manera disuadir la migración. Lo que viven los migrantes es una ironía: la violencia los expulsa de sus comunidades, y con violencia se busca que no quieran salir de ellas.
A consecuencia de las pésimas condiciones de reclusión, en los últimos dos años los migrantes detenidos se declararon en huelga de hambre para denunciar sus condiciones de encarcelamiento y exigir ser enviados a sus hogares con grilletes electrónicos para evitar el contagio de covid19 y la violación sistemática de sus derechos humanos.
Con base a las denuncias realizadas por los migrantes y retomadas en el estudio mencionado líneas arriba, es urgente que el gobierno de Joe Biden haga lo necesario para cambiar el sistema de reclusión del ICE.
No hablamos solamente de suspender el programa de prisiones privadas y los abusos que dentro de esos lugares se cometen. Se impone cancelar la política de privación de la libertad y sometimiento carcelario como la principal herramienta de segregación y disuasión de la migración. El corredero de gente de los países expulsores no se detendrá con mayores leyes ni con sistemas carcelarios más rígidos y violatorios de los derechos humanos, sino con trabajo y condiciones de vida digna en las comunidades de origen.
Es evidente que la Casa Blanca no ha entendido la razón de fondo que tienen las personas para escapar de sus terruños. Mientras eso no suceda, continuarán pensando que invirtiendo más recursos en seguridad fronteriza y prisiones se detendrá el flujo migratorio.
Para muestra de su miopía un solo botón: el gobierno de Estados Unidos ha invertido un estimado de $333 mil millones de dólares en un sistema de seguridad migratoria desde el Departamento de Seguridad Nacional creado en 2003, que lo único que ha cosechado son denuncias a consecuencia de la violación de los derechos humanos de los migrantes.
*Profesor-investigador del Depto. de Relaciones Internacionales, región occidente. Tec de Monterrey.
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