Así como para dirigir empresas financieras y de valores, se requiere de personas de buena fama, confiables para quienes invierten, las administraciones públicas requieren de personajes cuya buena fe sea notable para quienes los eligen. La confianza de quienes serán sus depositarios o electores es indispensable.
En el liderazgo social y político se debe tener una conducta intachable, lo que debe traducirse en certeza y eficiencia. Y, sin embargo, esa es, sin duda la mayor debilidad de quienes encabezan las administraciones públicas y de los que se percibe la desmedida ambición, el deseo irreprimible de aprovechar su posición para abusar del poder y enriquecerse a costa de los bienes públicos.
El robo y la disposición irregular de los recursos públicos es recurrente para quienes obtienen el voto para una administración pública, de esa manera los ciudadanos se convierten en un objeto a través del que se puede acceder al despilfarro y la depredación.
Fenómeno recurrente, razón por la que la ciudadanía ha acudido a distintos partidos y sus ofertas de gobierno, sin embargo, acaban con la misma amarga experiencia. Lo que la ha llevado al desánimo, comprobando a través de un procedimiento de prueba y error, que todos los partidos políticos son instrumentos de los grupos de poder e interés, para acceder a los recursos públicos, sin que exista mecanismo que los frene y los lleve a rendir cuentas.
Antes bien en un círculo de complicidades, quien se encuentra en el poder facilita la llegada a través de los propios recursos del Estado a su sucesor, quien invariablemente cubrirá los latrocinios de su antecesor y generará su propio mecanismo, para repetir la conducta enfermiza de enriquecerse a costa de los bienes comunes y salir bien librado de cualquier investigación o persecución del sucesor.
Estas acciones, aunque han sido la constante en la historia de Jalisco, tienden a acentuar sus efectos en los últimos gobiernos.
Los efectos de dichas acciones son múltiples, pero destacan dos, el aprovechamiento de los recursos por los apetitos insanos del administrador en turno y su grupo de incondicionales y segundo la pérdida de liderazgo para conducir una sociedad al perder la confianza y el respeto hacía sus conductores, lo que es lo mismo la pérdida de liderazgo ante la inacción de quienes debieran ser los promotores de la mejora de sus conciudadanos, lo que debilita a la sociedad en sus objetivos ante la falta de conducción y la desconfianza generada en sus dirigentes.
Así como es imposible que un ladrón o defraudador reconocido logre ser un administrador exitoso de una institución financiera, es prácticamente imposible que una administración pública obtenga resultados positivos con un administrador desprestigiado, puesto que el recelo de los ciudadanos no puede convertirse en solidaridad y apoyo político.
La certeza y confiabilidad que necesita un gobierno para emprender grandes proyectos o aun la elemental tranquilidad que debiera brindar la seguridad pública, no sucederá ante la posibilidad latente de que el funcionario establezca acuerdos con el infractor. Ello lleva a la sociedad a mantener alerta permanente y genera la falta de voluntad para entregar la delicada misión a un cómplice potencial de la delincuencia.
Aunque pareciera una verdad de Perogrullo, tales hechos suceden frecuente y fatalmente en nuestro medio, un depredador de bienes sucede a otro sin que nadie actúe o pueda modificar tales conductas. Entre las complicidades de quienes administran los partidos políticos y sus operadores, que se reparten el producto del esfuerzo de una sociedad, quiebran instituciones con sus actuaciones fraudulentas a la vez que otorgan jugosos contratos de obra pública a incondicionales, en procesos oscuros de adjudicación.
Realizan licitaciones amañadas en adquisiciones de bienes y otorgamiento de contratos de servicio, mediante el descarado cobro de porcentajes del monto pagado. A la vez que hacen impunes repartos entre complicidades, a sabiendas que nadie les reclamará nada y que las instituciones persecutoras del delito jamás los tocarán.
Las condiciones que debieran exigirse a quienes buscan detentar la función pública son simples, aunque esenciales, honradez, eficiencia, certeza en el propósito y los procedimientos. Lo único que deben tener como objetivo, es resolver los problemas de una comunidad necesitada de soluciones. Porque el mayor daño que pueden hacer los depredadores a una sociedad es robarle la confianza en sus instituciones. Al arrebatarle los instrumentos le violentan las soluciones a futuro.
Les roban la posibilidad de vivir en un espacio de tranquilidad y armonía. Ante la imposibilidad de las familias de llevar una vida satisfactoria y plena, se les roba también su fe en sí mismas y se genera desánimo colectivo. Pierden a la vez su futuro y la esperanza, no sólo el derecho a vivir en paz, sino la posibilidad de construir la solución. Se violenta así la democracia y la justicia de un solo golpe, se destruye la moral colectiva.