En la lucha contra los cárteles mexicanos los gobiernos de México y Estados Unidos han puesto en marcha una gran cantidad de estrategias que a la luz de los resultados no han sido las más adecuadas.
Por el contrario, pareciera que lejos de debilitarse las organizaciones criminales, al paso del tiempo se fortalecen, se multiplican, diversifican sus actividades y refuerzan el maridaje con miembros de los cuerpos policiacos y militares que se supone los deben de combatir, para garantizar con ello su impunidad protegida por una amplia red de corrupción en ambos lados de la frontera. Como consecuencia de ello, aumenta el tráfico de drogas, la violencia y la inseguridad.
Como una medida más en la lucha contra el crimen organizado, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, declaró en días recientes mediante una orden ejecutiva que en el estado de la estrella solitaria los cárteles mexicanos son considerados organizaciones terroristas, y exigió al presidente, Joe Biden incluir a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como a todos los grupos que producen y distribuyen fentanilo desde México, dentro de la lista federal donde la Casa Blanca coloca a los grupos que considera terroristas.
Texas Army National Guardsmen search for cartel scouts along the Rio Grande.
Cartels, smugglers, & human traffickers are profiting off Biden’s dangerous open border policies.
While Biden continues to FAIL, Texas continues to step up to secure our border. pic.twitter.com/U0KqJ5ql4d
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 23, 2022
La crisis producida por el tráfico y consumo de fentanilo está causando estragos en la población texana. A esta droga la nombran ya como el asesino silencioso.
Tan solo el año pasado, murieron envenenados en todo el país a consecuencia de sobredosis 107 mil estadunidense, de esa cantidad dos tercios estuvieron involucrados con opioides sintéticos como el fentanilo.
Independientemente que la Casa Blanca considere grupos terroristas a los cárteles mexicanos, Washington cuenta con algunas herramientas para enfrentarlos sin llegar a ese extremo.
Existe la Ley Kingpin que establece “la imposición de sanciones económicas en todo el mundo contra los principales narcotraficantes internacionales, sus organizaciones y las personas y entidades extranjeras que prestan apoyo a esas organizaciones” con lo cual la justicia estadunidense puede congelar los recursos financieros que entran al sistema local para ser lavados.
Más de 2 mil 100 organizaciones criminales, principalmente del narcotráfico, están sujetas a esta norma desde junio de 2000. Las compañías que blanquean recursos para estos grupos pueden obtener hasta 30 años de prisión y multas de cinco millones de dólares.
Esta no es la primera vez que alguna autoridad estadunidense plantea (en el caso de Texas, el gobernador ya lo hizo) clasificar a los cárteles de la droga como grupos terroristas.
En el gobierno de Donald Trump, el republicano intentó hacer lo mismo que Abott, pero fue detenido por el Congreso porque de llegar a ese punto, las leyes norteamericanas obligarían a Estados Unidos a realizar actos armados en nuestro país en contra de esas organizaciones, además de perseguir fiscalmente a cualquier empresa o negocio que sea sospechoso de recibir dinero del narcotráfico.
Ambas situaciones serían altamente riesgosas en términos políticos, económicos y militares, por ello los representantes de ambos partidos pararon el intento de Trump.
Veremos si en esta ocasión el gobierno de Joe Biden, hace eco de la petición de Greg Abott o simplemente queda todo a nivel estatal.
Profesor-investigador Tec de Monterrey.
@contodoytriques