Desde que entró en vigor la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2012 con el gobierno de Barack Obama, los soñadores han vivido entre las luces y las sombras. Unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. La espada de Damocles siempre cerca de ellos. A falta de una reforma migratoria que otorgaría la regularización de millones de personas migrantes en Estados Unidos, la administración Obama solo alcanzó a emitir esta Acción que debe ser ratificada o desechada cada dos años.
En los diez años de existencia de DACA, la Acción no ha estado exenta de demandas y contrademandas de gobiernos estatales que se muestran reacios a otorgar mayores de derechos a la población migrante. La vida en tribunales que ha tenido DACA ha evitado que se profundice su alcance e incluso en los primeros años del gobierno de Donald Trump fue cancelada para luego ponerla en marcha nuevamente.
El último capítulo, aunque no será el final de esta historia, se vive a partir del 31 de octubre con la entrada en vigor de la llamada regla final del Departamento Nacional de Seguridad (DHS). Este nuevo marco legal regula y busca fortalecer DACA en tanto sigue siendo materia de litigio.
La última demanda fue iniciada por el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, quien la presentó junto a sus homólogos de los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
La nueva regla establece que se continuarán procesando las renovaciones de DACA, por periodos de dos años para evitar la deportación y obtener permisos de trabajo, pero no se recibirán nuevas peticiones generadas después de julio de 2021. Aunque obtener los beneficios de DACA no es el camino a la residencia permanente y menos a la ciudadanía, los soñadores se consideran “legalmente presentes” para ciertos propósitos laborales, migratorios y de salud.
Desde la puesta en marcha en 2012, DACA ha beneficiado a poco más de 600 mil jóvenes migrantes que con su trabajo ayudan a fortalecer la economía estadunidense. Los soñadores aportan 11 mil millones de dólares anualmente a la maquinaria económica. Por ello, los “argumentos” en su contra de que financieramente son una carga para el Estado, más bien son prejuicios hacia esa población por parte de algunos miembros de la comunidad estadunidense, ya que cotidianamente trabajan y generan recursos.
Luego de los resultados de las elecciones intermedias del martes pasado donde el poder político quedará más que parcializado entre republicanos y demócratas, es evidente que en los próximos dos años queda cancelada la posibilidad de una reforma migratoria. El tiempo se agotó y Joe Biden no cuenta con el respaldo suficiente, ni siquiera en su partido para sacar adelante la reforma.
Así las cosas, en tanto comienza una nueva administración en la Casa Blanca, los soñadores seguirán sufriendo una realidad de luces y sombras.
Profesor del Tec de Monterrey
@contodoytriques