La alerta llegó como suelen llegar las tragedias anunciadas: de manera técnica, casi silenciosa. La COFEPRIS advirtió recientemente sobre la circulación de insulina falsificada en canales digitales y puntos de venta informales. No era la primera vez. Tampoco será la última.
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Lo inquietante es que, en 2025–2026, los medicamentos ya no compiten con la ropa, la música o las autopartes como productos pirateados: los han superado. Y aquí la piratería no solo roba marcas; pone en riesgo vidas.
Los datos son contundentes. El Sondeo de Piratería 2025 de AmCham señala que 33% de las empresas detectan piratería en medicamentos, el porcentaje más alto entre todos los sectores. El 91% de estos casos ocurre en canales digitales: marketplaces, redes sociales, mensajería instantánea.
El gancho es siempre el mismo: precios 50–70% más bajos que el mercado formal. En paralelo, la
autoridad sanitaria reportó 105,526 piezas irregulares incautadas en 2025, incluyendo alertas por falsificaciones de Aspirina, Tempra infantil e insulina, entre otros. No es un fenómeno marginal: es un mercado estructurado.
¿Por qué los medicamentos se convirtieron en el “rey” de la piratería?
Hay tres causas que se refuerzan entre sí. La primera es el desabasto. Las fallas recurrentes en cadenas públicas de suministro —particularmente en el IMSS— empujan a pacientes y familias a buscar alternativas urgentes. Cuando la necesidad es inmediata, el riesgo se minimiza.
La segunda es la normalización social: comprar fármacos “más baratos” en línea dejó de verse como algo peligroso para convertirse en una práctica cotidiana.
La tercera es el e-commerce sin filtros: plataformas que intermedian, cobran comisión y se deslindan del origen del producto, mientras el medicamento falso llega a la puerta del paciente en 24 horas.
El impacto va mucho más allá de la propiedad intelectual. Un medicamento falsificado puede ser ineficaz, contener sustancias tóxicas, estar mal dosificado o carecer del principio activo. En enfermedades crónicas —diabetes, hipertensión, cáncer— la falsificación no solo falla: mata lentamente.
En pediatría, el riesgo es inmediato. Hablar de piratería de medicamentos como un “delito económico” es
quedarse corto; es un problema de salud pública con consecuencias mortales.
El régimen jurídico existe, pero opera en silos. IMPI persigue la infracción marcaria; COFEPRIS vigila la seguridad sanitaria; las plataformas alegan neutralidad tecnológica. En ese intersticio, el mercado ilegal prospera. Lo que falta no es norma, sino coordinación y prioridad política.
¿Qué hacer ahora?
Primero, una mesa tripartita permanente entre IMPI–COFEPRIS–plataformas digitales, con obligaciones claras de takedown inmediato, trazabilidad de vendedores y sanciones efectivas por reincidencia.
Segundo, controles proactivos: verificación de listados antes de publicarse cuando se trate de fármacos, no después del daño.
Tercero, una campaña masiva de denuncia y educación: explicar con claridad que el “ahorro” puede costar la vida, y facilitar canales anónimos y rápidos para reportar ventas irregulares.
Cuarto, atacar la raíz: reducir el desabasto y mejorar la compra pública para cerrar la demanda que hoy alimenta a los falsificadores.
La piratería de medicamentos no admite ambigüedades. No es astucia comercial ni economía popular: es violencia sanitaria. Si México no actúa con decisión en 2025–2026, normalizará un mercado donde el precio bajo vale más que la vida. Y ese es un costo que ningún país debería estar dispuesto a pagar.