El 1 de diciembre de 1957 se estableció el Día Internacional de los Presos por la Paz para reconocer a quienes rechazaron la guerra y promovieron la paz, la no violencia y la libertad de conciencia. Esta fecha es un llamado a la defensa de los derechos humanos y un recordatorio de la importancia de respetar estas libertades fundamentales.
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En México, a finales de 2025, se estima que entre 210 mil y 220 mil personas están privadas de su libertad, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta cifra incluye tanto a quienes tienen sentencia firme como a los que se encuentran en detención preventiva.
Esta conmemoración es especialmente relevante para las familias de estos privados de libertad, quienes enfrentan diariamente las consecuencias de la separación: el estigma social, la precariedad económica y la carga emocional que esas circunstancias implican.
El Consejo Nacional de Población 2024 señala que alrededor del 70% de las personas encarceladas cuentan con al menos un familiar cercano que depende emocional o económicamente de ellas, agravando la pobreza y vulnerabilidad en estos hogares. Estudios sociológicos confirman que en la mayoría de estos hogares (60%) son mujeres quienes asumen el rol de cuidadoras y sostenedoras,
enfrentando además violencia económica y social.
Las restricciones a las visitas y a la comunicación afectan tanto a las personas privadas de libertad como a sus familias. La falta de contacto incrementa el sentimiento de aislamiento y abandono, generando altos niveles de ansiedad, estrés y síndrome de duelo ambivalente en los familiares, debido a la incertidumbre y estigmatización social que enfrentan.
Para lograr una reinserción social efectiva es fundamental la participación de las familias, ya que su apoyo fortalece el tejido afectivo y social, lo que reduce significativamente las tasas de reincidencia. Por el contrario, la saturación de los centros penitenciarios y el alejamiento de los privados de libertad de su entorno familiar no contribuyen a la seguridad ni al bienestar social, y pueden provocar una pérdida profunda de identidad y esperanza.
El 1 de diciembre es un llamado para reconocer la dignidad de todas las personas privadas de su libertad y el papel crucial que juegan sus familias en la construcción de una justicia más humana y una paz duradera.