En varios países de América Latina se denunció falta de información, malas condiciones en las cárceles y obstáculos para comunicarse con sus seres queridos.
Te recomendamos:
Netflix enfrente su mayor recorte, ajusta su plantilla laboral
En Argentina, el penal de Marcos Paz las familias exigieron la información de sus parientes estaban bien exigiendo garantías para su integridad física como la falta de agua y una alimentación deficiente.
En México, madres, esposas e hijos de internos del penal de Mazatlán después de hechos violentos dentro del centro, información y poder ingresar para comprobar el estado de sus familiares y exigieron respuestas claras sobre lo ocurrido a las autoridades.
En Cuba, hubo denuncia de haber pasado casi una semana sin noticias sobre el paradero de sus parientes tras protestas dentro de las cárceles. Esta situación generó angustia e incertidumbre, porque las familias no sabían si sus seres queridos estaban sanos o si habían sufrido algún tipo de represalia.
En Venezuela, ante cobros irregulares para el acceso al agua, alimentos o reparación dentro de la prisión las organizaciones y familiares señalaron y difundieron denuncias de maltrato y condiciones precarias en algunos centros de reclusión.
En Costa Rica, familiares de reclusos acudieron a la justicia para intentar frenar traslados hacia una nueva megacárcel. Su preocupación principal fue conocer las condiciones en las que vivirían los internos y evitar que se limitara el contacto con sus familias.
Estos casos muestran que las familias no solo esperan visitas o llamadas. Necesitan información, respeto y garantías de que sus seres queridos están vivos, sanos y tratados con dignidad. Cuando las autoridades no responden, la angustia, los gastos y la carga de cuidado recaen sobre las familias.
Mantener el vínculo familiar es un derecho, no un favor. Por eso, garantizar comunicación, visitas, información y condiciones dignas de detención sigue siendo una responsabilidad pendiente de las autoridades penitenciarias en la región.