En México, la prisión no termina en los muros de un centro penitenciario. También alcanza a las familias que visitan, sostienen, buscan y esperan. Los hechos recientes muestran una realidad que suele quedar fuera de la conversación pública: cuando las instituciones no garantizan información, comunicación y trato digno, son los familiares quienes terminan asumiendo los
costos del sistema penitenciario.
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En el Estado de México se han denunciado cobros para ingresar alimentos, ropa y otros productos destinados a las personas privadas de la libertad. Una visita puede implicar gastos de transporte, productos básicos y pagos irregulares. Cuando mantener el contacto depende de la capacidad económica, el vínculo familiar se vuelve desigual y quienes tienen menos recursos quedan más
aislados.
En el penal de Jojutla, Morelos, una riña dejó personas privadas de la libertad lesionadas. Ante la falta de información clara, familiares se concentraron frente al centro y bloquearon una carretera para exigir saber qué había ocurrido y poder comunicarse con sus seres queridos.
También denunciaron presuntos cobros y abusos, acusaciones que deben investigarse. La visita familiar no es un privilegio. Es una forma de comunicación, cuidado y mantenimiento de los vínculos afectivos. La CIDH ha reconocido que los Estados deben proteger la unidad familiar, garantizar visitas dignas y prevenir la estigmatización de quienes tienen un familiar privado de la libertad.
Al mismo tiempo, familias de personas desaparecidas buscan pistas en cárceles, centros de rehabilitación y anexos. En Coahuila, colectivos realizan búsquedas en vida con fotografías de sus seres queridos, con la esperanza de que alguna persona privada de la libertad pueda reconocerlos o aportar información.
Cobrar por visitar, sostener económicamente a una persona encarcelada, buscar dentro de los penales y protestar para obtener información parecen hechos diferentes. En realidad, muestran una misma estructura: las familias son indispensables para mantener los vínculos, pero permanecen excluidas de la información y de las decisiones institucionales.