La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, al considerar que existen presuntas irregularidades en la adjudicación de la renta de patrullas.
La SFP en su relato expone que tres compañías participantes en el concurso de arrendamiento de 290 patrullas fueron descalificadas por “insolventes técnicamente”.
Sin embargo, se favoreció a Integradora de Apoyo Municipal, S.A. de C.V. quien pese a que hizo la propuesta más alta, se le asignó un contrato por 792 millones 261 mil 796 pesos a pagarse en un periodo de 30 meses.
El 15 de febrero pasado, el regidor de Morena Carlos Lomelí solicitó a la SFP atraer el caso ante las irregularidades en el proceso.
Entre ellas, incumplir los tiempos previstos en la Ley de Compras Gubernamentales, desacato a una suspensión emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco que prohibía dictar el fallo de la licitación.
Además, la adjudicada ofreció un precio 300 millones de pesos más caro que las propuestas de las otras tres participantes.
La SFP pide al ministerio público federal investigar y esclarecer los hechos, “para que de configurarse el delito establecido en el artículo 217, fracción I, inciso C), se ejercite acción penal en contra del o de los servidores públicos responsables del acto”.