Personal del Centro de Justicia para las Mujeres, de Ciudad Niñez y de la Fiscalía de Desaparecidos denuncia que padece de explotación y acoso laboral, así como temor e incertidumbre.
Los inconformes no tienen un horario establecido, ni les pagan horas extras y por necesidades de servicio es común que carezcan de un día descanso. Tampoco tienen prestaciones.
Desde 2018 firman un contrato mensual que en cualquier momento no podría ser renovado.
De su bolsillo tienen que comprar el uniforme, y el colmo es que tengan que cooperar para la fiesta de cumpleaños de la fiscal de Desaparecidos, Blanca Trujillo.
Otra queja es que hay personal insuficiente para atender las necesidades de todas las áreas, esto origina que oficios sean laborados por personas que sin preparación adecuada.
Señalan que el ministerio público que se ubica en El Salto “no tiene experiencia ni de actuario. Mientras que las secretarias no saben ni escribir una circular”.
El colmo, es que por la falta de personal psicólogas y trabajadoras sociales “hacen actuaciones, cuando es labor de abogados”.
En el caso de la Fiscalía de Desaparecidos por el número de denuncias recibidas, a cada policía investigador le toca en promedio 50 casos y a los ministerios públicos 300 carpetas de investigación.
Además, tienen la orden de no investigar desapariciones relacionadas con el crimen organizado.
A la vez, se quejan que las capacitaciones que reciben son “de unas cuantas horas, y las imparten instructores de la Universidad de Guadalajara, de Derechos Humanos, y están dirigidas a los administrativos, no a los que tenemos contacto con las familias de las víctimas, también reciben los de base”.
Pide el personal que exista el escalafón, que se aplique un protocolo para decidir a qué instancia se manda cada caso, y que se contrate a profesionistas, no a recomendados.
También piden equipamiento, mejor mobiliario e internet “porque a cada rato falla, y se de mantenimiento a las redes, puesto que desde hace 9 años no se lo dan”.