Las finanzas es uno de los factores que pervierten los procesos electorales, quizá el principal.
Las democracias más acabadas, entre ellas las de países europeos que llevan los procesos más cuidadosos, han caído en el vicio del financiamiento.
Así vimos al canciller Helmut Cohl de Alemania, después de proclamarse inmaculado se vio obligado a dejar la cancillería cuando se le señaló de utilizar la obra pública para financiar actividades políticas.
Lo mismo sucedió con miembros del Comité del Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, cuando se exhibió a los funcionarios al mando, aprovechando las enormes inversiones de obra pública para financiar sus campañas.
En su momento Bill Clinton fue cuestionado severamente por su la tentación de permitir o incentivar a funcionarios del partido comunista chino, invertir en su campaña, de manera disfrazada obviamente.
En el caso nuestro, con una democracia en transición y una tendencia histórica a la corrupción, ha sido más rápido el deterioro y en mucho, más corrosivo.
Lo mismo aparecen adquisiciones manipuladas con precios duplicados y hasta triplicados, que obra pública innecesaria cuyos costos esconden enormes comisiones que corren a los bolsillos de quienes dirigen la administración pública o bien empresas inmobiliarias que violenta las condiciones de la vivienda y el desarrollo urbano, en perjuicio de quienes habitan las zonas urbanas, todo ello utilizado para
financiar los enormes gastos de campañas.
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Pero lo más preocupante es la aparición reciente del financiamiento de la delincuencia organizada, a quien eufemísticamente venden el servicio de seguridad pública.
Se convierte éste, en el vicio más acabado y pervertidor de la vida pública, en perjuicio de la tranquilidad y la vida de las personas que vivimos en esta colectividad.
Las finanzas deben analizarse desde dos ángulos el del origen de los recursos y el de su aplicación. En ambos casos pueden tener efectos perniciosos y sus efectos son mucho más devastadores en los países en desarrollo, en el que los intereses no legítimos se aprovechan de las debilidades de las instituciones, en especial de las que operan los sistemas electorales, para obtener ventaja.
Aunque no es nuestro medio obviamente el único lugar en que se generan esas distorsiones, sin embargo la solidez y fortaleza histórica de las instituciones inhibe en mucho, dichas prácticas y lo que es más importante, sanciona las acciones de manera drástica, situación que no sucede en nuestro medio.
Para nuestro caso, al parecer solamente queda el castigo que los electores puedan infringir a los candidatos y los partidos que los proponen. Es evidente la molestia que causa en la ciudadanía tanto el origen viciado de los recursos que genera un doble efecto, el daño a la administración pública en la distorsión de los servicios que se prestan, como el efecto pernicioso en los procesos democráticos.
El exceso de gasto es la otra vertiente que irrita a la ciudadanía, somos testigos cíclicamente de un
enloquecido bacanal de propaganda, que en no pocas ocasiones llega a superar en enorme proporción, los límites de gasto, marcados por las normas electorales.
Tampoco se ha limitado el uso de recursos en la compra disfrazada del voto a través de programas clientelares de gobiernos, a través de los que se venden los servicios a cambio de votos, sobre todo en los sectores marginados a que están obligados los organismos públicos, abusando de manera destacada de los segmentos populares con necesidades ancestrales, para llevarlos a votar a través de la manipulación y el chantaje de gobiernos y candidatos.
Afortunada o desafortunadamente, la única salida que se ve en el panorama es el castigo que los electores aplican a los infractores, sin embargo, nuestra temprana democracia, aun no tiene los mecanismos adecuados para castigar los abusos y sancionar las prácticas deshonestas, con las que se empeñan en la búsqueda sin escrúpulos del voto candidatos y partidos.
Es claro que quienes dirigen la función pública, para lograr objetivos de alta dificultad como son mejorar las condiciones de vida en que nos encontramos, deben gozar de la confianza de la sociedad.
Esa condición a su vez sólo se obtiene a través de la certeza que brindan dichos personajes en el eficiente ejercicio de la administración pública, que se pretende brinden quienes se presenten como candidatos, a la vez que la confiabilidad que su conducta nos genera por su trayectoria honesta.
Condiciones reiterativamente sustituidas por la simulación y el malabarismo verbal y político. Solo nos queda como ciudadanos desesperados, seguir insistiendo en procesos electorales más acabados, legislación más estricta y la exigencia del comportamiento honesto de quienes participan en dichos procesos.
El camino es largo, angosto y sinuoso, sin embargo, en algún momento debemos iniciar su creación, para llegar al fin perseguido por nuestra sociedad a través de la democracia, tener gobiernos honestos y
eficientes que brinden mejores condiciones para vivir y permitan la convivencia armoniosa de las personas, a través de la realización personal y familiar.