Un nuevo frente de disputa legislativa se abrió esta semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de reforma electoral que inmediatamente recibió en beneplácito de los apoyadores de la 4T y el rechazo de la oposición. Nada fuera de lo que se esperaba.
¿Qué pretende la reforma electoral lopezobradorista? Reformar 18 artículos constitucionales y la inclusión de siete artículos transitorios.
Con ello, se propone desaparecer el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y los tribunales estatales electorales.
Asimismo, desaparecerían las 200 diputaciones plurinominales y los senadores de lista.
Se busca reducir el tamaño de los congresos locales y que su integración esté entre 15 diputados como mínimo y 45 como máximo, de igual manera se pretende reducir el número de regidurías municipales.
Por otro lado, se plantea la cancelación del financiamiento del gasto ordinario de los partidos políticos y dejarlo únicamente para financiamiento de campañas electorales.
Además, eliminar de la difusión en radio y televisión a la autoridad electoral y destinar los spots en radio y televisión solo para los partidos políticos.
Con esta reforma, se afirma que tendríamos un ahorro de 24 mil millones de pesos. Lo anterior es lo que se busca terminar o cambiar.
Pero existe otra parte de la reforma que plantea la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas cuyos integrantes, así como los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serían electos por el voto el popular.
Para que la iniciativa de reforma salga avante se requiere los votos de la mayoría calificada en ambas Cámaras, lo cual, por lo expresado por la oposición, no le sería posible reunir a Morena y sus aliados.
Estaríamos frente a una copia de lo visto en las discusiones y votación de la reforma eléctrica, cuyo resultado estaba más cantado que el himno nacional.
La iniciativa de reforma electoral como todas las que se envían al Legislativo, tienen puntos a favor, puntos en contra y mejoras que añadirle.
Todo ello, desde luego, desde el divisadero de donde se observe.
Me parece que cada día la democracia electoral mexicana se vuelve más cara.
Entre 2000 y 2018 se destinaron 320 mil millones de pesos para financiar el aparato electoral (IFE-INE, TEPJF, Fepade y partidos políticos).
Esa realidad ha vuelto a nuestra democracia electoral una de las más caras del mundo, aunque no necesariamente una de las más eficientes.
En lo que respecta al financiamiento de los partidos políticos, considero que es fundamental que se mantenga con la intención, entre otras, de blindarlos frente a los recursos de procedencia ilícita que pretenden comprar voluntades partidistas en medio de los procesos electorales.
De igual manera, me parece que debemos acabar con los partidos políticos que se han vuelto la fachada de negocios familiares que nada aportan a la construcción de la democracia.
En ese sentido, apoyo la reducción del presupuesto destinado a los institutos políticos, pero sin llegar a desaparecer ese financiamiento.
Dos de los puntos que mayor rechazo han recibido son la propuesta de que los consejeros electorales lleguen a desempeñar esa función luego de un proceso donde la ciudadanía vote por ellos.
Es decir, se busca que los partidos políticos y la elite en el poder saquen las manos de la elección de los consejeros, quienes al paso de los años han hecho a un lado la idea original del INE de ciudadanizarlo y lo han partidizado a través del apoyo y promoción que realizan los institutos políticos de sus simpatizantes para llevarlos al consejo electoral.
La segunda modificación que ha levantado ámpula es la de desaparecer a los legisladores plurinominales. En ese sentido, me parece que antes de desaparecerlos tendríamos que regresar a la esencia de su origen.
Y pensar que deben de ser usados para equilibrar las fuerzas presentes en el Congreso de la Unión y para que los partidos lleven cuadros relevantes al recinto legislativo y dejar de utilizar a los pluris como pago de cuotas para quienes regentean las listas a las Cámaras de Diputados y Senadores.
De manera general, me parece que la propuesta de reforma electoral tiene más cosas positivas que negativas, sin negar la necesidad de una profunda discusión que termine en el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones que tanto trabajo nos ha costado levantar.
@contodoytriques