Las administraciones públicas están inmersas en círculos viciosos, conectados entre sí, que convierten cualquier alternativa en una vuelta en sí mismos, hasta morderse la cola como paradojas de animales reptantes.
Todo parte de los intereses electorales, con el afán de tener campañas exitosas, las financian con recursos públicos violentado los escrúpulos políticos.
Las acciones inmorales las realizan los candidatos de todos los signos y tipos. Todo ello se pervierte, en especial las administraciones que fatalmente se han convertido en fuente irregular e ilegal de recursos de financiamiento, a la vez que convierten el voto en objeto de consumo y de mercado.
No quiere decir que sea algo descubierto recientemente, sin embargo, a partir de la década de los 80 se quedó inmerso en el despilfarro y el financiamiento a partir de las arcas públicas.
En algunos casos se desvían los recursos financieros directamente, en otros se aprovecha la obra pública y la adquisición de bienes y servicios con porcentajes determinados, lo que a la par que encarece las adquisiciones erosiona los valores de gobiernos y funcionarios.
En la década de los 70 las campañas se financiaban de la bolsa de los candidatos y sus amigos, sobrias y basadas en el contacto personal del candidato con los electores.
A dicho fenómeno no han sido ajenas las prácticas de mercado electoral sobre todo a partir de la propaganda indiscriminada en busca del voto, que paradójicamente se presentó a partir de la competencia democrática real en el país.
Conforme fue creciendo la influencia de los medios y las campañas publicitarias, aumentó el gasto hasta llegar a proporciones aberrantes.
La consecuencia inevitable ha sido que conforme aumenta la competencia electoral entre partidos y candidatos, aumenta el despilfarro de gasto y el latrocinio de los bienes públicos.
Paralelo además al abandono de la eficiencia administrativa y la solución de los problemas de la sociedad a través de los servicios públicos, que debiera ser el centro de cualquier propuesta electoral.
Todo ello trae como consecuencia que conforme avanza la perversión clientelar de los partidos y los procesos lectorales, se distorsiona la administración pública.
El caso de Guadalajara sin que lo consideremos la excepción nos muestra el patetismo de las políticas públicas practicadas por todos los partidos políticos.
A partir de la década de los 80 la población Guadalajara creció apenas un 20%, en tanto que el número de los trabajadores municipales aumento más de cinco veces.
Consecuencia de una administración convertida en botín de funcionarios sin escrúpulos que pagan favores electorales con bienes municipales, mismos que debieran estar destinados a los servicios.
Sin embargo, esa es solo una cara del poliedro de intereses que se desarrollan en el entorno de la lucha electoral.
Así los criterios de una administración decíamos no descansan en el afán de la eficiencia y la solución de los problemas de una comunidad, sino que se convierten en fuente de recursos electorales.
El objetivo de la administración se distorsiona de tal manera que los gobernantes solamente buscan aplicar el gasto en aquello que puede generar recursos para futuras campañas, lo que es lo mismo para satisfacer ambiciones personales enfermizas.
El afán de satisfacer el ego patético de candidatos y las ambiciones de sus cómplices de aventura, que ejercen la mezquina función de agoreros y cortesanos, disfrazados de operadores, replican el vicio en los distintos niveles de las administraciones.
Sin olvidar por supuesto a los familiares que participan alegremente en el festival báquico de depredación de bienes públicos a través de empresas simuladas.
Los depredadores aplican el ejercicio de manera básica en gasto corriente y en obra pública, que es de donde obtienen recursos para sus fines prioritarios.
Por lo que se ejerce un doble daño social, además de que lo que se adquiere o contrata no es de necesidad elemental para la administración.
Tampoco se realiza en base a las características y calidad que se debe requerir.
Por ejemplo, la contratación de personal, además de ser en cantidades superiores a las necesidades, se le contrata en base a compromisos y complicidades y no de acuerdo a un perfil establecido por la función.
Los compromisos de campaña por resolver determinadas necesidades, sobre todo en el tema de los servicios públicos no tienen importancia, le apuestan al olvido al tiempo que manipulan la información y los criterios antes que a la eficiencia y el compromiso.
Así para la seguridad pública compran cámaras de video de mala calidad y a sobreprecio, en lugar de contratar personal suficiente y con perfiles adecuados.
Sin considerar que aun cuando las cámaras tuvieran un servicio eficiente se necesitaría personal capacitado no solamente para operarlas, sino para utilizar la información que generaran.
No importa que por un lado se creen organismos metropolitanos de desarrollo urbano para racionalizar el crecimiento ordenado de la metrópoli, en tanto los municipios siguen autorizando fraccionamientos.
Estos en un tiempo corto habrán de ser abandonados con desperdicio y pérdida de recursos, sobre todo de quienes los adquieren a través de sus fondos en los organismos de vivienda, sin resolver problemas de agua potable o seguridad pública.
Sin atender tampoco la planeación de la vivienda, considerando los centros de trabajo y el transporte público.
En los vicios están inmersos todos los niveles de gobierno con evidente ineficiencia.
Pero lo más irritante es la actitud indolente de los gobiernos municipales, que habiendo prometido atender los graves problemas metropolitanos, actúan como si dichos problemas no existieran, en tanto se desempeñan con superficialidad e inconsciencia.