¿Qué hacer con Ipejal?

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) se creó para proteger los derechos de los trabajadores.

El 30 de diciembre de 1953, el gobernador Agustín Yáñez, promulgó el decreto 5904 mediante el cual se puso en vigor la Ley de Pensiones Civiles para el estado de Jalisco terminando de esta manera, con un largo período en que el otorgamiento de pensiones de retiro a los empleados públicos había sido un acto de buena voluntad de las autoridades estatales, sujeto a innumerables cambios según marcharan las cuestiones políticas, los fondos del gobierno, los merecimientos o las buenas relaciones de los pensionistas.

En su Primer Informe de Gobierno del 1 de febrero de 1954, el gobernador Yáñez, señalaba que atento a los imperativos de justicia para con los trabajadores y funcionarios públicos, había promovido la creación de la Dirección de Pensiones como instancia oficial permanente a través de la cual se hicieran efectivos los derechos de los trabajadores, al margen de los vaivenes presupuéstales, gracias al establecimiento de un patrimonio destinado al otorgamiento de pensiones y otros beneficios como la adquisición de casas y préstamos con intereses módicos.

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Surge así la Dirección de Pensiones del Estado y años más tarde se convertiría en lo que hoy se conoce como el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

La razón de ser del Ipejal era cumplir con los fines y objetivos de Seguridad Social para los Servidores Públicos en el Estado y sus Municipios.

Y digo era, porque dicha Institución ha sido desviada de sus funciones, al ser utilizada en pésimas inversiones, al ser usado su patrimonio en negocios lucrativos personales de quienes han estado al cargo de su administración y manejo.

Fue en el año 2009 cuando en el estado de Jalisco se realiza una reforma al esquema de Pensiones de los trabajadores del Estado, dando origen al Ipejal, anteriormente Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, con la finalidad de incrementar las cuotas y aportaciones; con la justificación de mantener una estabilidad y equilibrio financiero para hacer frente a las contingencias futuras.

Hoy la realidad nos demuestra que dichas reformas sólo sirvieron para que los funcionarios en turno, dispusieran a su antojo, a manos libres y sin controles ni mecanismos de evaluación, vigilancia y supervisión de los manejos que se hacían de la Institución.

Hoy, a causa de esos malos manejos administrativos y financieros, la misión del Instituto está en riesgo, lo advierten diversos estudios actuariales, auditorias y el diagnóstico que fue presentado por el gobernador Enrique Alfaro, y más reciente el diagnóstico sobre la situación que guarda el Ipejal, mismo que fue presentado el 17 de agosto del presente año, por el Director del Instituto, Héctor Pizano Ramos.

Diversas causas y factores como la corrupción, las malas inversiones, la ineficiencia, la inoperancia, la toma de decisiones erradas de sus directivos, la opacidad en el manejo de los recursos, la ausencia de mecanismos y de controles efectivos para inhibir y castigar las conductas y mala praxis administrativa, entre otras, han llevado al borde del colapso financiero al Ipejal.

Comprometiendo la seguridad social de los afiliados, pensionados y sus beneficiarios, imposibilitando el ejercicio efectivo de sus derechos y beneficios que les aseguren una mejor calidad de vida.

A tal panorama se suma, el hecho de que ciertas dependencias y ayuntamientos han incurrido en retraso u omisiones en el pago de aportaciones que la Ley les obliga.

Lejos quedo la idea de ser un Instituto que proporcione las prestaciones de seguridad social a sus afiliados y pensionados de una manera responsable, eficiente, legal y transparente. Lejos, muy lejos, el combate a la corrupción y mejora de la gestión pública.

Un dato importante lo es, que el Ipejal cuenta con un Órgano Interno de Control, representado por un titular y tres Unidades Administrativas o áreas, supeditado a las instrucciones y líneas de acción que indique la Contraloría del Estado; sus funciones se encuentran de manera muy general las de auditar, revisar, prevenir, investigar, substanciar, resolver, sancionar, entre otras que permitan realizar la correcta rendición de cuentas del organismo y del actuar del propio servidor público.

Sin embargo, de poco o nada sirvió dicho órgano, lo que hace válidamente presumir que incurrió en incumplimiento de sus funciones, tareas y atribuciones, lo que conlleva a responsabilidades de diversa naturaleza y que deben sancionarse tales conductas.

También se advierte de distintas auditorias, emisión de Informes Preliminares y Finales de Auditoría, Programa Anual de Auditorías, Regulación del Proceso de Entrega- Recepción, aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, Proyección Anual de Investigaciones Administrativas al seno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

¿Y los resultados? ¿Qué ha pasado con los responsables de estos desfalcos, malversación de fondos y/o desvío de recursos? ¿Se han recuperado los bienes, su patrimonio? ¿Se ha logrado poner fin a tantos abusos e irregularidades cometidas? ¿Qué se ha hecho para garantizar la no repetición de todos estos actos y conductas reprochables en perjuicio del Ipejal?

Hace más de 80 años el Poder Legislativo del estado de Jalisco llevó a cabo investigaciones y análisis de las diversas normas vigentes en esa época, acerca de cuál debiera ser la normatividad que permitiera asegurar un buen nivel de vida para los trabajadores al término de su periodo y tiempo laboral, ya fuera por retiro o por invalidez.

Después de efectuar discusiones entre los representantes de los diversos partidos políticos y escuchar las opiniones de miembros de la comunidad civil mediante la organización de algunos foros, se concluyó que se requería publicar una ley que estableciera los objetivos, sujetos obligados, los beneficiarios, y otras condiciones y requisitos para cubrir esta necesidad.

En la actualidad, se pretende nuevamente reformar la Ley del Ipejal, pero ahora no busca favorecer a los afiliados sino proteger a una clase política que ha cometido abusos y excesos, latrocinios y otras irregularidades administrativas que han puesto en jaque el sistema de pensiones y el patrimonio de miles de trabajadores y es justamente a quién se pretende responsabilizar al querer imponer a la fuerza cambios lesivos y regresivos al pretender individualizar cuentas, aumentar la edad para pensionarse o incrementar la aportación del trabajador, entre otras medidas injustas y abusivas; pero que no se dirigen a atender, corregir y prevenir conductas ilícitas de funcionarios y políticos que han lucrado con recursos públicos del Ipejal.

Olvidando experiencias pasadas, nuevamente se vuelve a recurrir al gastado discurso de pretender reformar la Ley del Ipejal, sugiriendo diversas medidas que van orientadas a perjudicar derechos y beneficios de afiliados y pensionados; con el sobado pretexto de mejorar la salud y estabilidad financiera del Instituto que permitan hacer frente a los compromisos en el corto, mediano y largo plazo.

Pero, nada se dice de acotar atribuciones, de restar facultades discrecionales, de crear contrapesos reales en su Consejo, de fijar límites y poner castigos ejemplares a quienes toman las decisiones y que lejos de beneficiar, afectan a una gran mayoría de trabajadores que ya están cansados de ser siempre los que terminen pagando los excesos y privilegios de otros.

Precisamente en las áreas u órganos y directivos que se vieron involucrados y que llevaron al colapso financiero del Ipejal no hay propuesta alguna de modificación, ni de reestructura, ni de reingeniería. Ni de cambio de facultades o atribuciones.

Ni aumento en sanciones civiles, penales, administrativas y políticas para quienes incurran en faltas o la comisión de ilícitos. Tampoco veo una propuesta seria sobre el saneamiento a las finanzas ni un genuino interés por solicitar una transformación a fondo del propio Instituto de Pensiones.

Me llama poderosamente la atención que sus propuestas sólo estén enfocadas a mermar derechos, cercenar conquistas alcanzadas y endurecer con acciones lesivas y prácticas leoninas los beneficios, logros y derechos en materia de seguridad social de los trabajadores, al grado de querer aumentar el monto de las cuotas, aumentar la edad de retiro y reducir el monto de las jubilaciones.

¡Buscando con ello responsabilizar a los servidores públicos en activo y en retiro de conductas atribuibles a funcionarios de primer y segundo nivel! Lamentable de verdad. Definitivamente, necesitamos repensar y reorientar al Sistema de Pensiones del Estado, debemos encauzar al Ipejal para que cumpla con el objeto para el que fue creado, no para que sirva de caja chica de funcionarios y políticos mal intencionados que han medrado y causado un detrimento del patrimonio de los trabajadores al servicio del Estado, en especial sus pensiones.

Interesante resultaría llevar cabo un análisis sobre la evolución del sistema de pensiones en Jalisco. Cuáles han sido los cambios de que ha sido objeto la Ley de Pensiones para el estado de Jalisco, desde el año 1939 y hasta la fecha. Qué disposiciones han sido para favorecer el sistema de seguridad social. Qué medidas y acciones se han tomado para apoyar a los servidores públicos en el sistema de pensiones y no solamente para perjudicarlos.

Tenemos que replantear la naturaleza jurídica del Organismo Público Descentralizado, ya que bajo esta figura sólo ha sido un instrumento financiero del Gobierno en turno, desviándolo de sus fines, objetivos y propósitos tan nobles en materia de seguridad social.

Tal vez ya es tiempo de que el OPD – Ipejal se transforme en un Organismo Constitucional Autónomo para que realmente cumpla con la finalidad de llevar a cabo los objetivos, atribuciones y funciones de seguridad social para los que fue creado el Instituto.

 -Doctor en Derecho. Premio México Ricardo Flores Magón 2021. Integrante de Observatorio de Seguridad y Justicia. Benemérita Universidad de Guadalajara. “Piensa y Trabaja”