Bastó un oficio del ayuntamiento de Guadalajara para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no audite los recursos que destinó la administración tapatía que encabeza Pablo Lemus para el arrendamiento de patrullas.
Según la fracción edilicia de Morena, en el proceso de licitación se cometieron diversas irregularidades administrativas, e incluso hubo un sobreprecio en el pago por la renta de las 292 patrullas.
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En total, el municipio pagará 724 millones 626 mil 890 pesos durante la vigencia del arrendamiento que concluye en julio de 2024. De acuerdo con cotizaciones de la fracción de Morena el municipio pagaría un 40% más, es decir, 332.7 millones de pesos.
Por medio de transparencia, se solicitó a la Contraloría del estado entregar todas las comunicaciones entre la dependencia estatal y la SFP sobre el tema del “proceso de licitación LPN 010/2021 del servicio de arrendamiento Integral de Equipamiento de Seguridad”.
En respuesta, la dependencia entregó un oficio de la SFP, con fecha 22 de febrero de 2022, en el cual pide a la titular de la Contraloría, Teresa Brito “solicite información presupuestal que nos permita conocer la fuente de financiamiento” del arrendamiento.
La Contraloría pidió al Tesorero de Guadalajara -quien también está señalado dentro del proceso de irregularidades- la información.
El 9 de marzo, la Tesorería de Guadalajara mandó el oficio TESL/LGS/848/2022 a la Contraloría, donde informa que “la fuente de financiamiento solicitada corresponde a Recursos Fiscales”.
La partida de Recursos Fiscales del municipio tapatío para este año, asciende a mil 392 millones 463 mil 322 pesos.
Los Recursos Fiscales se obtienen de impuestos municipales, derechos, productos, contribuciones de mejoras, y aprovechamientos.