Desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso peruano destituyó al presidente Pedro Castillo, lo encarceló y designó como su remplazo a Dina Boluarte Zegarra, la calma no llega al país andino. Al contrario, los ánimos se han ido desbordando, las molestias ciudadanas crecen y la respuesta violenta del gobierno se incrementa.
Luego de casi medio centenar de días de protestas y movilizaciones, el gobierno de Boluarte Zegarra no detiene la represión. Como resultado de ello, se contabilizan 49 muertos, 600 heridos y 300 personas detenidas. El encono social por la destitución de Pedro Castillo tiene al gobierno y al Congreso con un rechazo social del 71 y 88 por ciento, respectivamente.
Además, debemos mencionar que las protestas se encuentran alejadas de los partidos políticos y sus agendas, quienes también, a decir de la gente, tienen decepcionada a la población por mantenerse alejados de los intereses y necesidades de los ciudadanos.
Son cuarto las principales demandas de la sociedad: la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto para este año de las elecciones programadas para abril de 2024, el rechazo al Congreso que controla la derecha y el establecimiento de un Congreso Constituyente que sustituya la Constitución fujimorista vigente desde 1993.
Para presionar al gobierno se ha hecho un llamado a un paro indefinido en varias regiones, así como diversos bloqueos carreteros que tienen paralizado 80 por ciento del transporte.
Si bien, las manifestaciones comenzaron en el sur del país, la zona más pobre y discriminada, y donde se encuentra la mayor base social del expresidente Pedro Castillo, al paso de los días se ha diseminado por todos los rincones de Perú.
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La violenta respuesta del gobierno no se ha dejado esperar: se estableció un estado de emergencia, se incrementaron las detenciones y creció la represión, además de acusar de terroristas a los manifestantes y orquestar una campaña de criminalización apoyada por los medios de comunicación.
Incluso, las autoridades han llegado al límite de asegurar (sin presentar pruebas) que los manifestantes reciben armamento y municiones desde Bolivia a través de la organización Ponchos Rojos vinculada con al expresidente, Evo Morales.
A la luz de los acontecimientos, resulta muy claro que lo que se vive en Perú hoy por hoy, es el enfrentamiento entre dos visiones de nación: una desde las derechas conservadoras que pujan por conservar sus históricos privilegios y mantener oprimidos a los indígenas, obreros y campesinos; la otra, desde la izquierda nacionalista, que quiere un país más democrático e incluyente con un Estado y gobierno que garantice el acceso al desarrollo humano mediante el reparto equitativo de las riquezas y las oportunidades.
Profesor del Tec de Monterrey
@contodoytriques