El exluchador de la WWE enfrenta nuevos señalamientos legales tras un operativo de la Guardia Civil derivado de una llamada de emergencia de su esposa.
El pasado 9 de mayo, la tranquilidad en San Luis Potosí se vio interrumpida por un despliegue de la Guardia Civil, tras recibir un reporte de auxilio a través del sistema C5. Según informes preliminares, fue la esposa del gladiador quien alertó a las autoridades, denunciando ser víctima de agresiones físicas constantes. En su testimonio inicial, la denunciante hizo especial énfasis en la peligrosidad del agresor, lo que derivó en una intervención inmediata para salvaguardar su integridad.
El peso del pasado: Antecedentes en Estados Unidos
Esta no es la primera vez que el potosino, conocido internacionalmente como “Alberto del Río”, se encuentra en el ojo del huracán por conductas similares. Su historial judicial cuenta con un capítulo crítico ocurrido en mayo de 2020, cuando fue arrestado en Texas bajo acusaciones de agresión sexual y secuestro agravado.
En aquel entonces, la víctima —quien fuera su pareja sentimental— presentó pruebas gráficas de lesiones y un crudo testimonio donde detallaba haber sido atada y golpeada. Sin embargo, el desenlace legal favoreció al atleta:
- Fianza: Logró su libertad inmediata tras pagar 50,000 dólares.
- Exoneración: En diciembre de 2021, la justicia estadounidense desestimó todos los cargos (incluyendo cuatro de agresión sexual) debido a que la denunciante no se presentó a testificar.
Entre la justicia y la defensa
Hasta el momento, la postura oficial del luchador se ha mantenido en una línea de defensa absoluta, calificando las acusaciones previas como infundadas y falsas. No obstante, esta nueva detención en territorio mexicano pone nuevamente en tela de juicio su conducta fuera del cuadrilátero y enciende las alarmas sobre la reincidencia en casos de violencia de género.
Se espera que en las próximas horas las autoridades locales definan su situación jurídica mientras se integra la carpeta de investigación correspondiente.