En el contexto de la información, no totalmente verificada, hecha pública sobre la casa habitada en Houston por José Ramón López Beltrán hijo mayor del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, así como los supuestos delitos cometidos por el matrimonio mencionado, es necesario reflexionar sobre varios asuntos.
1.- Desde los años noventa del siglo pasado, la sociedad mexicana en su conjunto aceleró un proceso de democratización de la vida nacional. Fueron muchas las áreas que se subieron a esa ola impulsada, sobre todo, por la sociedad civil.
Sin embargo, uno de los espacios de la comunidad negado a la democratización continúa siendo el de los medios de comunicación. Muy pocos espacios de comunicación fueron la excepción a esa negativa, más bien se hicieron a la regla: no democratizarse, no transparentar sus relaciones políticas y económicas, sus intereses, así como el monto y origen de sus recursos.
Así, desde la trinchera de la “libertad de prensa”, se volvieron el vehículo de exigencia ciudadana para democratizar la vida pública, pero manteniéndose al margen de materializar esa exigencia al interior de ellos.
De hecho, se amplió la brecha entre los intereses de los dueños de consorcios de comunicación y los periodistas contratados para laborar en ellos. Fue evidente el divorcio entre lo que buscaban unos y quería otros. Las precarias condiciones de trabajo de muchos informadores es una clara muestra de ello.
2.- El tinglado del enfrentamiento entre los grupos de poder que se disputan el futuro de la República, es ahora la casa en Houston. El punto central no es la vivienda ni el presunto conflicto de intereses en los que hipotéticamente cayó el hijo del presidente, el motor de la lucha es por el poder político en México.
Pecaríamos de inocentes al suponer que “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” y Latinus no están haciendo las veces de cajas de resonancia de la oposición a la 4T con miras a la elección presidencial de 2024.
No tengo duda que haber perdido el poder y el control patrimonialista del presupuesto les dolió y lo quieren recuperar. Para ello, utilizan todos los medios y trinchas a las que puedan acceder, sean empresas privadas, periodistas, académicos de las universidades, consejeros electorales, subordinados que les hacen el caldo gordo a los arriba mencionados, todos abonan en la lucha por el poder.
3.- La máscara bajo la cual ocultan sus verdaderos intereses los dueños de los grandes medios de comunicación, es el griterío “justiciero” lanzado a modo para justificar sus posiciones políticas.
Desde luego, no estamos aquí para negar el derecho a informar y ser informados, para pedir protección en el ejercicio periodístico, para exigir el adecuado uso de los recursos públicos y a que se detengan las prácticas de corrupción e impunidad que históricamente han sido un pesado lastre para la República.
Para lo que si estamos aquí es para señalar los falsos discursos sobre estas problemáticas lanzados desde quienes se han beneficiado de la corrupción y el maridaje entre los poseedores del poder público y económico en el país. Que no vengan ahora con los baños de pureza olvidándose que por décadas se negaron a darse un chapuzón en esas aguas.
4.- En todo este berenjenal, lo que debe quedar muy claro es el papel y uso del periodismo. La profesión de informar se debe sustentar en los datos verificables y la presentación de las voces inmiscuidas en una nota periodística. En ninguna circunstancia, la labor de informar para aclarar los entretelones del poder se debe volver una acción concertada entre un periodista y los dueños del poder. Cuando sucede esto, se desvirtúa el periodismo y se abona para la no democratización de la sociedad.
Profesor-investigador del Depto. de Relaciones Internacionales, región occidente. Tec de Monterrey.
@contodoytriques