La noche del viernes el presidente ecuatoriano ordenó el asalto a la Embajada mexicana en Quito. El objetivo era sacar por la fuerza al ex vicepresidente de aquel país, Jorge Glas, quien se refugiaba en la sede diplomática.
Con ello, el gobierno del ecuatoriano-estadunidense Daniel Noboa, cometió un gravísimo error: violó desde todas las aristas posibles el derecho internacional, la soberanía de México, la sana convivencia entre las naciones y la Convención de Viena que garantiza la inmunidad diplomática y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.
De manera inmediata el gobierno de México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, cosa que no había llevado a cabo a pesar de que el gobierno de aquel país había ordenado el miércoles la expulsión de la embajadora mexicana, Raquel Serur Smeke.
La situación se complicó cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que México, luego de revisar el caso y los señalamientos del gobierno ecuatoriano, decidió otorgar asilo político a Jorge Glas, lo que Quito calificó de acto indebido.
Luego del otorgamiento de asilo, siguió la solicitud al gobierno ecuatoriano del salvoconducto para que el ex vicepresidente pudiese abandonar aquel país, lo que el gobierno de Quito, rechazó.
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La cancillería ecuatoriana se equivoca cuando señala que no es posible conceder el asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes, como es el caso de Glas.
Eso contraviene lo previsto en las Convenciones sobre Asilo Político de 1933, la de Asilo Diplomático de 1954 y la propia Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954 que plantean que es posible otorgar asilo a personas acusadas o condenadas si se considera que la motivación es política y no realmente jurídica.
Es al país otorgante, a quien corresponde ponderar si las imputaciones pueden ser parte de una persecución política o no.
Recordemos que el ex vicepresidente Glas (2013-2017), se encontraba en la embajada de México desde el 17 de diciembre del año pasado para solicitar protección porque pesaba sobre él una orden de captura girada por un juez debido a su supuesta participación en un caso de peculado, del cual se ha declarado
inocente, y ha señalado que es un perseguido político, razón por la cual había solicitado desde julio de 2023 asilo político en República Dominicana.
Con excepción del ataque cometido en 1980 por el ejército de Guatemala contra la embajada de España, donde fueron quemadas vivas 37 personas, en su mayoría indígenas mayas que habían tomado la sede en protesta por las masacres en su región, en América Latina no existe antecedente alguno de que un
país haya asaltado una misión diplomática con la fuerza pública.
No deja de llamar la atención que mientras los mandatarios de todas las posiciones políticas en América Latina condenan el asalto a nuestra embajada en Ecuador, una gran parte de la derecha mexicana aglutinada en partidos políticos, organizaciones empresariales, la academia y medios de comunicación atiza culpas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
No cabe duda de que, el desconocimiento del derecho internacional, más sus fobias al gobierno de la 4T
ponen en evidencia su profunda ignorancia y odio hacia el gobierno federal.
Profesor del Tec de Monterrey
@contodoytriques