La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan la renta a sobreprecio de las patrullas en el municipio de Guadalajara.
La Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP dirigió un oficio a Asuntos Jurídicos de la misma dependencia para que se “inicien las investigaciones correspondientes” para determinar si existen delitos y, en su caso, formular la denuncias correspondiente ante la FGR.
En el mismo oficio se menciona que el regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí entregó un escrito el pasado 15 de febrero, en el cual informa que denunció ante la Contraloría Ciudadana de Guadalajara presuntas irregularidades en la adjudicación por 762.2 millones de pesos a la arrendadora Integradora de Apoyo Municipal, S.A. de C.V.
La empresa arrendará durante tres años 763 vehículos, incluidas 290 patrullas, pero de acuerdo con Lomelí existe un sobreprecio de 332 millones de pesos.
El regidor también expuso en su escrito entregado a la SFP que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus cometió desacato, puesto que existía una suspensión emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa que prohibía se dictara el fallo de la licitación ante irregularidades en el proceso.
En tanto la FGR, pidió al Juez Décimo Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, un informe y copias certificadas que se llevan dentro del juicio de amparo 2524/2021.
El amparo corresponde al que tramitó una empresa inconforme que participó en licitación.