El mayor símbolo de la contaminación de aguas en el país es sin duda la Cuenca del Río Lerma, que nace en el Estado de México, desemboca en el Lago de Chapala y de ahí continúa como Río Santiago hasta llegar al Océano Pacífico en el estado de Nayarit.
Contribuyen a la destrucción de la vida de este sistema hidráulico todos los estados y municipios que se encuentran en el entorno.
Las aguas negras generadas por la población son un importante contaminante, pero el envenenamiento grave lo generan las industrias con sus descargas de desechos industriales.
La contaminación se origina desde el Estado de México, se acentuó en Guanajuato con los desechos de la industria de la curtiduría. En La Piedad, Michoacán han sido contaminantes los desechos de las porquerizas.
El colmo es en Jalisco, donde las industrias han sido protegidas cuando menos desde el gobierno de José López Portillo, con envenenamiento de la población, sobre todo en el área de influencia de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Al mirar las poblaciones ribereñas de Chapala, nos damos cuenta de la gravedad del panorama que nos envuelve.
En lo primero que pensamos es en la irresponsabilidad de los gobiernos que no han querido resolver el problema.
Pensamos sobre todo en el drama que viven las familias, ante la indiferencia de quienes tienen la obligación de intervenir y resolver, ya no digamos la atención inmediata de las consecuencias, sino frenar las causas que provocan el grave daño.
Lo que sólo es posible de interpretar como abandono de las entidades públicas en su atención, además de permitir el crecimiento de un problema, que debió resolverse hace décadas y que afecta lo más importante de la sociedad, los seres humanos.
Por alguna extraña razón no conocemos por qué los gobiernos estatal y federal no se abocan a resolver la contaminación de las aguas de la cuenca, sobre todo en el entorno de la ZMG.
Si bien los habitantes afectados, hablan de diálogo con las empresas contaminantes, los organismos encargados del agua, así como las instancias protectoras y reguladoras de la vida ecológica y los recursos naturales no informan a la sociedad los nombres de las empresas y mucho menos los tipos de contaminantes, que por los efectos son claramente venenosos.
Mucho menos conocemos de alguna acción para obligar a cambiar sus prácticas y limpiar las aguas a los envenenadores.
Para la organización Colectivo Ecologista Jalisco, A.C., la norma oficial NOM-001 en materia de descargas es laxa y permisiva.
En tanto que El Informador (24/11/17) afirmaba que mientras la PROFEPA cuestiona a Jalisco por las descargas contaminantes a la cuenca del río Santiago, la mitad de las plantas de tratamiento estaban sin servicio, de 90 no servían 56.
Surgen preguntas cuyas respuestas suponemos y que pudieran ser aún más graves: ¿Por qué en todos esos años no se ha atendido el problema y se ha regulado la actividad contaminante? ¿Es solo indolencia o existen otros factores? ¿Cuáles son las empresas que contaminan y quienes sus socios? ¿Por qué todo mundo calla?
Lo asombroso es la indiferencia que a pesar del drama se genera.
Parece que todo mundo olvida el asunto y cae en un desconocimiento deliberado, en el que nos convertimos en observadores pasivos de las personas y las mortales enfermedades.
Lo que desconcierta es la actitud de indiferencia que la constante violación nos ha creado. Ni los medios de opinión, ni las organizaciones sociales, ni las instituciones académicas y de investigación se pronuncian con rigor sobre el tema.
Salvo cuando vuelve a suceder una tragedia que trasciende a lo público y no solamente cuando lo viven en su intensidad diaria las familias, que sufren además de la discriminación, del abandono y la ineficiencia de las instituciones de salud.
Si bien la responsabilidad primaria recae en gobiernos de todos los signos, de manera destacada en las instancias creadas para atender el tema.
También es cierto que la sociedad ha llegado a un punto de insensibilidad. Nos hemos vuelto indiferentes ante amenazas a las que estamos expuestos los que habitamos está región, una pandemia creada y provocada por la incompetencia y la deshonestidad de gobernantes insensibles y oportunistas.
Permitir que negociantes sin escrúpulos dispongan de la salud y la vida, dañando irremediablemente personas y familias es la mayor consecuencia de nuestra indiferencia.
Síntoma de una sociedad arrastrada a la marginalidad que, al perder los liderazgos y los referentes culturales, pierde el deseo de luchar por la vida sana a que tiene derecho.
Invariablemente los candidatos a gobernadores y presidentes de la República se comprometen a resolver el grave problema.
Pero, al llegar al gobierno se hacen de oídos sordos y a lo más que llegan es limpiar las aguas contaminadas con enormes inversiones, que invariablemente quedan en fracaso, en lugar de obligar a las industrias a limpiar sus aguas contaminadas antes de verterlas en los causes.
Así vamos por decenas de años derivando el problema de un gobierno a otro, ante la desesperación de la población y el desinterés de gobernantes interesados en su propio bien.
No importa que se dañe no solo el sentido de la vida al destruir el patrimonio ecológico, sino la crueldad de atentar contra la vida en lo individual, de los habitantes de esta zona del país, un crimen colectivo cometido por gobiernos y del que son víctimas indefensas los habitantes.