La sociedad jalisciense vive un deplorable Estado de Derecho, rayando con las sociedades primitivas, perdida cualquier posibilidad de civilidad en un mundo que debiera ser de convivencia armónica y respeto a las formas de ser y pensar de los demás.
Vivimos en un mundo en el que privan las decisiones y los criterios del más violento, del psicópata, envileciendo a los demás miembros de la comunidad y desgraciadamente a los más indefensos en su formación, a adolescentes y jóvenes.
La realidad actual se ha construido durante décadas de abandono de las áreas sustantivas de la Justicia, construyendo una red de intereses y de impunidad por quienes debieran cuidar el bienestar de la comunidad.
Para algunos conocedores, el deterioro se inicia durante el gobierno de Juan Gil Preciado, en el que desde la Secretaría de Gobierno se empiezan a manipular nombramientos de magistrados, jueces y otros funcionarios del Poder Judicial.
Todo ello acompañado por asociados en la administración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara (UdeG), desde donde se acomodan cercanos a los grupos de poder del gobierno estatal y la propia casa de estudios.
En el primer gobierno de la alternancia, el de Alberto Cárdenas se hizo un intento por ordenar la Administración Pública con un sentido racional y de Justicia.
En dicho esfuerzo participaron los distintos partidos políticos, en lo que podría llamarse un intento honesto por encauzar la vida pública de Jalisco.
La negociación en el tema de la mejora se encaminó con interesantes acuerdos, como que a los poderes Judicial y Legislativo se les otorgara a cada uno el .5% del presupuesto estatal anual. La idea era generar fortaleza y autonomía en los poderes, además de dignificar el trato a sus servidores.
Otros acuerdos eran crear un Órgano Ciudadano que determinara mediante perfiles estrictos los nombramientos de los funcionarios del poder judicial, a la vez que los magistrados y los consejeros de los Órganos Autónomos y el Procurador de Justicia, fueran aprobados por una mayoría calificada del Congreso, esto era, por las dos terceras partes de los diputados.
Sin embargo, la intransigencia de César Coll Carabias a la sazón presidente municipal de Guadalajara, que actuó con exceso de fuerza en un proceso de ajuste con comerciantes de origen del PRI, dio al traste con todo.
De esa manera se rompió la negociación de reforma de la Administración Pública y los acuerdos iniciales fueron turnados a la discusión y aprobación de la legislatura.
Uno de los efectos perniciosos fue que ya no se tuvo el cuidado de generar mecanismos de protección del sistema en creación.
Lo que se obtuvo fue que el dinero asignado para hacer más digna la vida personal de funcionarios y empleados del Poder Judicial, rayó en el cinismo de que los magistrados se repartieran los millones de pesos en jugosos bonos anuales.
Con ello dejaron a jueces, secretarios y empleados en la condición inicial y los recursos materiales para el desarrollo de la función siguieron ausentes, razones entre otras que propiciaron siguiera la venta de diligencias, actas y hasta copias simples. Esto es, no se modificaron las prácticas viciadas que se trataba de erradicar.
Durante el siguiente gobierno, el de Francisco Ramírez Acuña, que debió haber llevado a segundo nivel el proceso de mejora, en lo que para ellos sería democrático, por ser de aparentes acuerdos, fue de acomodo de intereses, lejos de la mejora de la Justicia y la vida social, fue lo que se denominó popularmente reparto de cuotas, o sea que la medida era el número que cada grupo tuviera de diputados en el congreso.
Eso fue un evidente abuso de poder y perversión, no sólo de la administración pública, sino de la democracia misma.
Un acto de cinismo del que participaban todas las fuerzas incrustadas en los tres poderes, empezando por los funcionarios públicos como el Secretario de Gobierno, que impuso a una incondicional como Consejera del Consejo de la Judicatura.
Ese fue el modelo, una mascarada de acuerdos, como se repartieron gobierno y partidos políticos corrompidos como el PAN, el PRI y por supuesto el grupo denominado de la UdeG, a través del faccioso Partido de la Revolución Democrática.
De paso desde el gobierno de Alberto Cárdenas se crearon organismos como el Tribunal Administrativo y normatividad como el Código de Desarrollo Urbano y las Afirmativa y Negativa Ficta, con la complacencia y complicidad de los otros grupos de interés, que vinieron a sustituir las decisiones de municipios y gobierno, en un bacanal de negociantes de la vivienda a costa de los recursos naturales del estado y los precarios bienes, de quienes ahorran para la vivienda familiar.
Sin embargo, lo peor vendría después, a partir de Emilio González Márquez en que los gobiernos pulieron su cinismo, al extremo de violentar lo que quedaba del Estado de Derecho, en especial la normatividad punitiva, con acuerdos con la delincuencia organizada, pervirtiendo el Derecho y por consecuencia la vida social misma y sus valores, ante la mirada espantada de una sociedad inerme.