Ayer martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden lanzó nuevas medidas migratorias favorables a cientos de miles de migrantes “indocumentados” avecindados allende nuestra frontera norte.
Las medidas son anunciadas a dos semanas de haber firmado una Orden Ejecutiva que incluye severas restricciones al asilo y el cierre de la frontera cuando el cruce de migrantes supere los 2 mil 500
por día.
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La Orden Ejecutiva de Biden provocó aireados reclamos de la parte más progresistas de los demócratas, pero también de los republicanos encabezados por Trump quien afirmó que la medida no era suficiente para detener la llegada de migrantes.
La nueva disposición de la Casa Blanca es similar a la Acción Diferida de Responsabilidad Parental (DAPA) propuesto por Barack Obama y detenido por un juez federal de Brownsville, Texas antes de su puesta en marcha en 2014.
En ese sentido, la medida de Biden está dirigida fundamentalmente a las llamadas familias con estatus migratorio mixto, y eventualmente podría ser el camino para obtener la ciudadanía estadunidense.
Los beneficiados podrán ser hasta 1.1 millones de migrantes “indocumentados” cuyos cónyuges sean estadunidenses, y cuatro millones de migrantes “sin papeles” que sean padres de niños estadunidenses.
La nueva disposición permitirá que migrantes “ilegales” con al menos 10 años en Estados Unidos puedan aplicar por la protección mediante la figura Parole in place (libertad condicional en su lugar), conocida como perdón o amparo a la deportación, lo cual los colocaría a un paso para obtener en tres años una Green Card o autorización de empleo e incluso ajustar sus estados de permanencia en Estados Unidos.
Además bloquearía temporalmente la denominada Ley del Castigo (o Ley de los 10 años) con el fin de recibir la residencia legal permanente.
Para acceder a este beneficio los migrantes “ilegales” deberán estar casados al 17 de junio del 2024, haber residido en Estados Unidos durante 10 años o más, no tener antecedentes criminales y haber pagado impuestos.
Se trata de una única ocasión, es decir, un cónyuge “indocumentado” de un estadunidense
si alcanza a partir de ayer los 10 años de estancia en el país no podrá aplicar por
este beneficio.
Aunque el presidente, Joe Biden aseguró no estar interesado en hacer de la migración y de la frontera un juego político, es evidente que sus nuevas medidas están cruzadas por la campaña electoral para reelegirse en la Casa Blanca.
En la lucha político-electoral con Donald Trump es claro que el voto latino juega un papel importante (aunque no sea de primerísimo orden) para obtener la victoria en los siete estados bisagra que tendrán un peso específico fundamental para acceder a la Oficina Oval.
Frente a la propuesta de Biden, la respuesta de los republicanos fue de rechazo y podrían desafiar la decisión ante tribunales y con ello detener su puesta en marcha como ya lo hicieron con DAPA.
Mientras la clase política estadunidense dirime sus diferencias en su lucha por el poder central en Washington, los cientos de migrantes permanecer en espera de tener mejores condiciones de vida en el país donde buscan construir un futuro.
Profesor del Tec de Monterrey
@contodoytriques