El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, durante la mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum en Zapopan el pasado viernes, anunció que su gobierno aceptará la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la de emitir una disculpa pública por el caso del Rancho Izaguirre.
Lemus se comprometió a fortalecer el diálogo con colectivos de búsqueda y madres buscadoras. Está dispuesto a emitir personalmente ‘una disculpa pública institucional’ y por parte del Gobierno del Estado por esas omisiones, en un plazo máximo de seis meses, similar a una que dio hace más de 15 años en otro caso con una madre buscadora.
Es sería un reconocimiento de fallas en la investigación local, mientras la FGR (fiscalía general de la República) lleva la carpeta principal con avances como 47 detenidos reportados en algunos contextos relacionados.
El caso sigue abierto y sensible a un año del hallazgo principal, colectivos señalan pocos avances significativos, carpetazo potencial y dificultades para acceder a las pertenencias de las posibles víctimas.
Todo esto representa el drama de las desapariciones en México, con Jalisco como uno de los estados más afectados.
Caso Rancho Izaguirre
Es uno de los más graves y dolorosos hallazgos relacionados con desapariciones forzadas y violencia del crimen organizado en Jalisco en los últimos años.
En marzo de 2025, el colectivo ‘Guerreros Buscadores de Jalisco’ (madres y familiares de desaparecidos) descubrió un predio en Teuchitlán que funcionaba como un ‘campo de reclutamiento forzado, adiestramiento y exterminio’ ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ahí se hallaron restos óseos, muchos calcinados en hornos clandestinos, más de 1,300 objetos personales: ropa, cientos de zapatos, juguetes, libretas con listas de apodos, etc., que sugerían víctimas de secuestros y ejecuciones.
Aunque la Guardia Nacional ya había intervenido en septiembre de 2024, deteniendo a varias personas y liberando a algunas víctimas, el acceso pleno para los colectivos fue limitado, y hubo críticas por el manejo de evidencias.
La CNDH entonces emitió una recomendación señalando ‘graves omisiones’ por parte de dependencias del Gobierno de Jalisco, especialmente la Fiscalía estatal y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en la custodia, procesamiento y preservación de pruebas en el sitio.