Las madres mexicanas con descendencia encarcelada suelen ser las grandes olvidadas: no solo sufren la situación de su familiar privado de libertad, también la discriminación social que las obliga a ocultar lo que viven, generando vergüenza y ruptura de apoyos familiares o comunitarios.
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En México, donde cerca de 358 mil familiares se ven impactados por el encarcelamiento (1.62 veces la población reclusa), este estigma provoca estrés crónico y pobreza al asumir visitas costosas y cuidado de nietos.
Durante el Día de las Madres, la sociedad idealiza la maternidad “pura” pero también señala y castiga, estas mujeres viven una versión interrumpida por barreras como horarios penitenciarios restrictivos y miradas juzgadoras.
INEGI demuestra que el 67.8% de las mujeres privadas de libertad tienen hijas e hijos menores de edad, lo que también las madres presas como madres con descendencia presa las prisiones familiariza el castigo y que el estigma alcanza también a madres (abuelas)que permanecen fuera y sostienen eso s vínculos. En contextos de alta reclusión como Jalisco, las visitas se convierten en actos heroicos pero penalizados, con costos emocionales y económicos que invisibilizan su sacrificio.
En la vida cotidiana, el estigma no solo aísla: dificulta el empleado y la reinserción social, perpetuando ciclos de exclusión donde la madre carga con culpas.
Muchas realizan gastos extraordinarios en cada visita y lo que su descendiente puede necesitar dentro del pena, además lo que se suma la violencia institucional y, en ocasiones, el abuso de algunos representantes legales que se aprovechan de la desesperación y el desconocimiento de la ley para cobrar cantidades excesivas a cambio de falsas esperanzas (sin que esto signifique que todas las personas abogadas actúen así).
El día de las Madres amplifica estas heridas: la ausencia y la situación de la persona encarcelada hacen que, para muchas, no haya celebración posible, mientras cargan con la crítica de ser consideradas “malas madres” por su asociación con su descendiente preso.
Afecta su identidad: pasan de proveedoras a cuidadoras a ser vistas como sospechosas, interiorizando etiquetas injustas. Genera tensiones: deben asumir un cuidado múltiple-de hijas e hijos, de la persona privada de libertad, de nietas y nietos- casi siempre sin redes de apoyo suficientes. Y alimenta la discriminación: sufren rechazo laboral, vecina, plataformas digitales e incluso, en muchos casos, dentro de su propia familia, solo por el vínculo penal que las marca.