Cada día son denunciados ante los órganos de Investigación y Procuración de Justicia del Estado más de 28 desaparecidos, lo que se genera un promedio semanal de 200 y mensual de más de ochocientos.
Esa cantidad sin considerar los que no tienen quién hable por ellos, número de olvidados, desconocidos de las estadísticas y como consecuencia de los órganos que debieran protegerlos, sino de la sociedad misma.
Acompañados de la indiferencia no sólo de los gobiernos, sino de los medios de comunicación y de sectores que debieron reaccionar con protestas de inconformidad.
Envueltos en el halo del silencio de la complicidad criminal, del temor ante la delincuencia y del silencio lúgubre que acompaña a sus familias, cuya circunstancia multiplica el dolor de la tragedia.
Es común escuchar argumentos de como ellos se lo buscaron o bien que son asuntos entre delincuentes, que de antemano despojan a las víctimas de su condición de ser humano y a quienes califican de responsables de la barbarie de que son víctimas.
Andrés Gómez
Pierden por ese hecho cualquier derecho de vida y de humanidad y la comunidad a que pertenecen pareciera que se despoja de cualquier atisbo de solidaridad con los victimados, perdiendo a su vez algo valioso, la sensibilidad ante la tragedia del desvalido.
Somos mudos testigos, sin ningún sentido de preocupación de la desaparición del Estado de Derecho, cuyas normas nos deberían otorgar la calidad de personas, de ciudadanos, de miembros de una comunidad civilizada y que el Estado debería de garantizar, para proteger los derechos que cualquier ciudadano debería tener.
Lleva de esa manera, dicha circunstancia a la deshumanización, no solamente de la víctima, sino de la propia comunidad que lo vive. Una sociedad inmersa en lo que sin exageración podemos decir la barbarie, sin ley, sin garantías, sin protección para la persona.
Casos, casi siempre de jóvenes que acabaron en la delincuencia, sin tener oportunidad de escoger otra forma de vivir, ante la inexistencia de una autoridad que garantice oportunidades de vida, mediante una educación positiva, en la que las mejores voces, las de la educación, han sido silenciadas por la educación proporcionada por la delincuencia que se impone, esto es la educación de los antivalores.
Así trágicamente una sociedad acaba envilecida, sin que ninguna instancia o persona intente la restauración del orden de valores. De una convivencia de armonía, a la que cualquier persona, joven o no, tiene derecho, a la que cualquier comunidad aspira.
Nos preguntamos cómo llegamos a este punto, qué nos llevó a ese lugar de indiferencia ante el terror y la violencia. Podemos encontrar varias respuestas, pero quizá la más inquietante es que la sociedad lo propició y el detonador fue la indiferencia, así como la indolencia y la corruptela de gobiernos sin conciencia, ni asomo de responsabilidad.
Los elementos medulares del fenómeno derivan del abandono de funciones irrenunciables de cualquier gobierno, dejadas de lado por décadas. La educación que debería inculcar valores de vida y de convivencia en la comunidad y la seguridad pública, actividad primigenia del Estado a través de sus gobiernos.
Solo si revisamos esos dos elementos podremos entender la circunstancia que ahora vivimos, la pérdida de los gobiernos de sus obligaciones básicas. Y hablamos, claro, de los tres órdenes de gobierno, de sus funciones morales y jurídicas. La consecuencia es que vivimos en una sociedad que navega a la deriva, desconcertada, sin liderazgos ni rumbo.
Si tratamos de entender qué sucedió con los gobiernos municipales y estatal de Jalisco, que en algún momento hicieron un esfuerzo por atender el problema de la seguridad pública, debemos de aceptar que su conducta se degradó paulatinamente, sobre todo a partir de establecer relación con grupos de la delincuencia organizada, que los deslumbró por su capacidad de generar terror en un ejercicio enloquecido de la violencia.
Desgraciadamente fue resultado de la asociación delictiva en la obtención de utilidades ilícitas a partir del robo de hidrocarburos, de los ductos que cruzan el estado de Jalisco y en su momento, del municipio de Tlajomulco.
A partir de ese momento no solo perdieron el rumbo de gobierno, sino que entraron en la confusión que les generaron los antivalores en que se vieron envueltos. Se convirtieron en lo contrario de lo que esperaban quienes creyeron en ellos, generando desconcierto, desazón y sobre todo frustración. Convertidos sus dirigentes en parias de gobierno y de la propia sociedad que terminó por repudiarlos.
Como consecuencia fatal esa confusión de valores de los funcionarios acabo por contaminar todos los liderazgos de Jalisco, empresariales, sociales y educativos. Ante la falta de rumbo y de guía, la sociedad terminó confundida y quienes deberían dirigirla se convirtieron en navegantes sin brújula que los condujese a puerto seguro.
A partir de ese momento caminamos entre secuestros, torturas inhumanas y homicidios. Con la conducción de una delincuencia sicópata que dicta las normas a gobernantes timoratos y desconcertados, ante un fenómeno que contribuyeron a construir con su irresponsabilidad e incompetencia.
Enfrentados a un problema, del que sólo atinan a callar los medios de comunicación con enormes cantidades de dinero del presupuesto, cerrando el círculo perverso. Los medios a su vez se convierten también en silenciosos cómplices de gobiernos y delincuencia.
Con esos elementos se construye la paradoja del silencio, el de las víctimas y sus familias, multiplicado por quienes debieran resolver.
El silencio de una sociedad agraviada, agredida a su vez por delincuentes y gobiernos. Con esa fórmula perversa las víctimas y las familias pierden no solamente la voz física, sino la voz social y como corolario del prejuicio y la confusión, la voz moral.