En una sociedad que aspira aumentar la dicha pública, es urgente establecer deberes morales y jurídicos ante los animales no humanos, cuando se han rebasado los umbrales éticos por infligir sufrimiento innecesario, arbitrario y caprichoso a estos.
Entiendo por dicha pública, a las condiciones creadas políticamente para lograr bienestar a las especies capaces de experimentar placer, dolor o sufrimiento.
Te recomendamos: El bienestarismo capitalista no es bienestar animal
La especie humana no es la única con esta capacidad, luego entonces hay que extender estas condiciones a otros animales.
Existen otras razones que sostienen mi argumento. Por ejemplo, es sabido que el daño causado a los animales no humanos que se practica en la industria ganadera, acarrea problemas medioambientales que luego repercute no solo en otras especies no humanas, sino también, en la salud de los humanos.
El caso de la comunidad de Sitilpech evidencia esta conexión. Esta comunidad presentó una demanda de amparo contra Kekén, industria porcina, el 25 de mayo del 2021 ante el juzgado primero de distrito de materia mixta de Mérida, Yucatán, dejando inmovilizada la granja industrial por 9 meses.
La comunidad denunció la contaminación que genera Kekén en los cenotes y pozos de agua de esta región, pues la condición del suelo permite que los residuos lleguen a los mantos freáticos que se conectan con cuevas y cenotes.
A la vez, esta producción porcícola produce degradación de la tierra y pérdida de biodiversidad. El daño que provocan los residuos líquidos y sólidos se incrementa si se toma en consideración las llamadas aparcerías -granjas de productores independientes que brindan el servicio para criar y engordar cerdos- y los traspatios donde se crían a estos animales.
Con la explotación porcina se ha permitido que los grupos de interés incrementen sus ganancias económicas y poderío político, mientras que el Estado limita su intervención a pesar de que la suma del mal producido por estas granjas supera, sin lugar a dudas al bien público.
Ante situaciones como esta, se tendría que poner mayor énfasis en los costos ocultos que los economistas no toman en cuenta en sus cálculos: ecológicos, económicos, de salud humana y por supuesto del incalculable sufrimiento animal.
Sé que el concepto de dicha pública no es el marco de referencia de economistas, abogados y burócratas, sin embargo, eso no invalida su potencial argumentativo.
Dicha pública
Para ayudar a aclarar el uso del concepto, propongo los siguientes ejemplos:
1) Costo ecológico. Las emisiones emitidas por el consumo de los cuerpos de cerdos son mucho más altas en comparación con una alimentación basada en plantas, para producir un kilo de carne de cerdo se requiere 6 mil litros de agua mientras que para un kilo de lentejas 50 litros; las emisiones sólidas y líquidas de los cerdos son altamente contaminantes mientras que el cultivo de legumbres contribuye a reducir los gases de efecto invernadero y propician una mayor absorción de carbono benéfica para el planeta y sus habitantes.
2) El sufrimiento animal. El “Censo anual de porcino” estima que se mataron en el 2020 casi 19 mil millones de cerdos en nuestro país para el consumo humano.
Esto quiere decir que estos animales producidos a gran escala en las granjas industriales, están en condiciones de hacinamiento y estrés lo que les provoca enfermedades diversas como fue el caso de la fiebre porcina.
En efecto, producto de la fiebre porcina, el año pasado en Japón se asesinaron 54 mil 68 cerdos según datos de Organización Mundial de Sanidad Animal.
En ambos casos no existe dicha pública, esto es, bienestar para animales humanos y no humanos. Si es verdad que aspiramos al bienestar, la benevolencia que les debemos a los animales puede hoy traducirse desde ya en justicia ambiental y dicha pública.
Los comentarios están cerrados.